Casi seis millones de ciudadanos han solicitado en España el documento que acredita que carecen de antecedentes por delitos sexuales, obligatorio desde 2016 para quienes aspiren a trabajos que impliquen un contacto habitual con menores. Desde Galicia han pedido este documento, desde el 1 de marzo de 2016 hasta finales de 2018, más de 124.000 personas, y de ellas más de 18.000 lo solicitaron durante el año pasado. Eso implica una media diaria de medio centenar de peticiones. A pesar de que se van sumando nuevos candidatos cada año, el grueso hizo los deberes en el primer ejercicio de vigencia de la obligación, cuando se registraron, o bien de forma presencial o bien entre administraciones a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, más de 70.000 solicitudes. En 2017 fueron la mitad, 35.756, y en 2018 han vuelto a reducirse de nuevo a la mitad, hasta los 18.000.

Con todo, según explican desde el Ministerio de Justicia, los datos son "aproximativos" por gerencias y no representan a la totalidad de quienes gestionasen el certificado desde un territorio, ya que existen canales (por ejemplo el telemático) que no reflejan el lugar desde el que se hace la petición. Lo que facilitan, en el caso de Galicia, es el número de quienes tramitaron el documento de forma presencial en la Gerencia Territorial de A Coruña, que fueron un total de 15.105 personas, y el de las solicitudes a través de la PID en esa misma gerencia, que ascendieron a 3.365. Al igual que ocurría en el anterior ejercicio, es esta vía, cuando los piden las administraciones, previa autorización del empleado, mediante una plataforma, la mayoritaria. No así el primer año.

En todo el país, el departamento de Justicia eleva a casi dos millones la cifra de quienes a lo largo del pasado año demandó el documento que posibilitará que reciban luz verde, al menos en ese aspecto, para trabajar (o ejercer como voluntario) como profesores, animadores, pediatras, entrenadores deportivos... De ese total, que llegó en concreto a 1.994.375, Justicia apunta que se registraron solo 505 certificados positivos, es decir, el 0,03 por ciento del total, lo que quiere decir que en esos casos sí existían antecedentes penales por delito sexual.

El Ministerio no dispone de este dato desagregado por autonomías, provincias o ciudades De lo que sí hay constancia es de cuántas personas tienen vetado trabajar con niños en cada comunidad precisamente por estar incluidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que entró en vigor el 1 de marzo de 2016. En el caso de Galicia, figuran 2.189 personas (eran 2.140 hace un año). Pueden sumarse casos, pero también restarse, como cuando a un menor se le cancelan los antecedentes.

Los condenados gallegos suponen en torno al 4,8 por ciento del total de los inscritos en España, que ascienden a 45.864 a 31 de diciembre del pasado año. Entre los crímenes que conllevan la inclusión en dicho listado estarían, siempre y cuando hayan sido condenados mediante sentencia firme y que sus antecedentes no se hayan cancelado, los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (como agresión sexual o exhibicionismo, entre otros), así como aquellos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.