Mujeres del rural reclaman a la Xunta eliminar trabas a la titularidad compartida

La medida se originó para reconocer el papel de las mujeres en el rural, un cometido que asumieron como cuidadoras de la familia, casa, animales y del campo sin ningún tipo de retribución a cambio. La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias pretendía que estas trabajadoras se diesen de alta en la Seguridad Social, cotizasen, tuviesen derecho a una pensión y fuesen titulares de las ayudas y subvenciones que recibe una explotación, así como de los rendimientos que produzca. El objetivo principal que se buscaba, por lo tanto, era la igualdad entre hombres y mujeres en el campo.

La teoría y su exposición era clara, pero la práctica no funciona como estaba previsto. La Federación de Asociacións de Mulleres Rurais (Fademur) en Galicia denuncia la falta de coordinación actual sobre los trámites y la dificultad del procedimiento para solicitar una Titularidad Compartida, acompañada de desinterés y falta de respaldo por parte de la Xunta.

La ley ha pasado casi desapercibida desde su aprobación en 2011. En el año 2017 solo 17 personas habían reclamado este título desde el inicio de la propuesta. Los datos del Estado tampoco eran muy esperanzadores: tan solo 290 titularidades, 120 de ellas en Castilla y León y 97 en Castilla-La Mancha. Un año después, eran 447 explotaciones en España, 18 en Galicia -tan solo una más que el ejercicio anterior-. "Extensión Agraria no recomienda la tramitación del título por lo complicado que es hacerlo, si ellos mismos no recomiendan la normativa, esta no puede funcionar correctamente", explican desde Fademur, y animan a "simplificar los trámites".

Todavía queda mucho camino por andar a la hora de derribar el techo de cristal para las mujeres que se dedican a la agroganadería. La Xunta, encargada de desarrollar esta ley estatal, "debería dotarla de medios humanos y económicos" y beneficiar a las explotaciones de titularidad compartida con "puntos extra", como forma de "aliciente", aclaran, y afirman que "es un marco normativo bueno, pero necesita unos reajustes".

Vulnerabilidad

El compromiso del mantenimiento de la ley recae en la administración, pero actualmente, y tal y como desarrolla el procedimiento de la norma, "se encuentra sin apuesta política ni respaldo por parte de las autoridades".

Esta escasa repercusión de la ley y falta de apoyo no es la única traba para lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres en el rural, según Fademur. En muchos casos, la mujer que trabaja en una explotación carece de ingresos que consten a su nombre, lo que la posiciona en una vulnerabilidad económica total. La importancia de esta ley frente al resto de opciones, como la formación de una sociedad civil, es precisamente la titularidad, comentan desde Fademur. "Si una pareja se divorcia, por ejemplo, la mujer que no es cotitular pierde todo el trabajo que ha invertido en la explotación agraria". Con la titularidad compartida, se reparte al 50% el rendimiento del trabajo y los derechos de producción.

Para el colectivo, la situación no es fácil, pero con una reforma política y el cumplimiento de las peticiones, esto podría cambiar en los próximos ejercicios.