Dos años y medio después, la Xunta aprobará, posiblemente en el primer trimestre de este año, el decreto que desarrolla la Lei de Vivenda de 2012 que entre sus novedades establece la obligación por parte de los promotores de viviendas que quieran desarrollar su actividad en Galicia de inscribirse en un registro autonómico público en el que deberán notificar las sanciones administrativas o condenas judiciales firmes de que hayan sido objeto a lo largo de su trayectoria profesional. Con esta medida, la Xunta quiere dar transparencia al sector y favorecer que los potenciales compradores de viviendas tengan acceso a la información sobre la situación de la empresa.

La idea inicial del Gobierno gallego era aprobar esta norma en 2016, pero ese año hubo elecciones autonómicas, lo que alteró el calendario, a lo que se sumó que la tramitación se alargó más de lo previsto por la complejidad de la materia y la necesidad de arropar con "toda las garantías jurídicas" un decreto muy extenso que toca muchas competencias.

Tras esta contingencia, la intención de la Xunta era aprobarlo definitivamente en el primer semestre de 2018, pero el plazo tampoco se pudo cumplir. "La tramitación se ha alargado más tiempo del previsto, pero esto se debe a la enorme complejidad de la norma, a su gran extensión y a los múltiples anexos que la acompañan, lo que exige mucho tiempo y dedicación desde el punto de vista administrativo, entre otras cosas, por la necesidad de adaptarlos a la Ley de Protección de Datos", explican desde la Consellería de Medio Ambiente. Tras varios aplazamientos, el propósito es aprobarlo durante el primer trimestre de este año.

En ese registro específico de nueva creación, los promotores tendrán que informar también de las obras que ejecutaron en los últimos diez años y de los medios de que disponen para ejercer su actividad profesional.

El decreto es muy extenso, pues además de crear el registro de promotores, regula las viviendas protegidas y el proceso de adjudicación, los locales que conforman el patrimonio del Instituto Galega da Vivenda e Solo y el suelo destinado a vivienda protegida.