El Gobierno pretende equilibrar el coste de los peajes de las autopistas en todo el Estado y evitar diferencias como la que padecen los usuarios de la Autopista do Atlántico (AP-9), al frente de las más caras y cuyas tarifas se encarecieron un 2% a finales de octubre y otro 3,51% desde el día 1. Para ello, impulsará una comisión específica en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció ayer esta iniciativa en declaraciones a Radio Coruña Cadena SER, alegando la necesidad de que "no haya territorios que tengan que pagar mucho por el uso de dichas infraestructuras y otros nada".

"Tenemos que conjugar dos objetivos: pagar el mantenimiento, el coste de utilización y tener en cuenta el medio ambiente a la vez que favorecemos la competitividad de las empresas y que todos los ciudadanos de nuestro país sean tratados de la misma manera", dijo.

Sus palabras se producen después de que el Congreso apoyase hace un mes la transferencia de la AP-9 a Galicia. La ley que la permitirá se aprobará antes de abril, pero después Xunta y Ministerio de Fomento deberán concretar en seis meses los términos del acuerdo y la primera ya ha condicionado la cesión a que el Ejecutivo central asuma el coste de los acuerdos ya firmados, uno de los cuales garantiza una subida anual del peaje del 1% por la ampliación de Rande.

Esa transferencia concedería a la Xunta competencias sobre las subidas de los peajes o la aplicación de unos descuentos inexistentes en la AP-9. De hecho, el miércoles el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, avanzó que negociar descuentos será una prioridad.

Calviño se comprometió a trasladar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, las quejas de los usuarios por el encarecimiento de la AP-9 y recordó su apuesta por "un sistema de gestión de la red de alta capacidad [...] que sea igual para todos nuestros territorios".