El Consello de Contas pondrá este año el ojo, entre otros objetivos, en los criterios que usan las diputaciones a la hora de repartir sus fondos entre los diferentes ayuntamientos en sus respectivos planes provinciales. Esta distribución de recursos es casi siempre objeto de polémica, dado que los partidos que no gobiernan las diputaciones consideran que sus concellos resultan discriminados.
Esta fiscalización no surgió de oficio del Consello de Contas, sino que es una propuesta del Parlamento autonómico. PP y BNG se pusieron de acuerdo el pasado año para plantear esta reclamación. La corporación provincial de Ourense está gobernada por el PP, pero las otras tres, Pontevedra, A Coruña y Lugo, están en manos del PSOE.
Lo que evaluará el Consello de Contas son los criterios de reparto de los fondos entre los diferentes ayuntamientos a través de los planes provinciales, pero también la eficiencia del gasto y su peso relativo en los presupuestos en relación con las competencias que deben desarrollar. "Este informe tiene por finalidad determinar si las actividades, operaciones e información de los planes provinciales cumplen, en sus aspectos significativos, con la normativa aplicable, así como la eficiencia del gasto realizado", así se recoge en el plan anual de trabajo 2019 del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma.
La Diputación de Ourense, por su parte, será objeto de una inspección selectiva adicional en la que se analizará el control interno así como la documentación sobre la actividad contractual y sobre los acuerdos contrarios a los reparos formulados por la intervención de la entidad. Este mismo enfoque se dará a una fiscalización también selectiva del Concello de Vigo.
Otros nueve ayuntamientos, dos de ellos de la provincia de Pontevedra, también serán fiscalizados este año por el Consello de Contas, en este caso por denuncias de terceros que afectan a áreas de gestión muy concretas. En el Ayuntamiento de O Porriño se investigarán "posibles irregularidades" en expedientes de modificación de crédito y contratación administrativa, mientras que en el de Cangas se analizará el levantamiento de numerosos reparos suspensivos, muchos de ellos relativos a fraccionamientos contractuales y reiteraciones de contrataciones menores.
Con respecto al conjunto de las administraciones locales, Contas seguirá un año más controlando los acuerdos municipales contra los reparos formulados por los interventores, que se producen cuando la intervención no está de acuerdo con una determinada acción de gasto y es el Gobierno local correspondiente el que justifica que, a pesar de las objeciones, se continúe adelante. "Se quiere reforzar el control interno de las entidades locales habida cuenta de la debilidad de la función interventora local, en el sentido de que carecen de un órgano jerárquico superior en el que apoyarse y tienen una mayor relación de dependencia, disciplinaria y retributiva, de la administración local a la que fiscalizan", explica el Consello de Contas en su plan de trabajo para este año.
El Servizo Galego de Saúde será, por su parte, objeto de tres fiscalizaciones, no en vano consume el 40% del presupuesto anual de la Xunta. Además de la relativa a la cuenta general del Sergas, que se hace todos los años, en 2019 habrá otras dos. Una comprobará los ingresos que obtiene el Servizo Galego de Saúde procedentes de su propia actividad no financiada por el Sistema Nacional de Salud, como es la asistencia que presta por accidentes laborales, de tráfico o de competiciones deportivas, donde las aseguradoras deben cubrir los costes.
Contas asegura que conocer al detalle esta actividad "supone un elemento cada vez más importante para garantizar el equilibrio financiero de la entidad".
"Resulta preciso comprobar la facturación que lleva a cabo el Sergas por servicios prestados no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud y su impacto en la financiación del organismo autónomo, así como su efecto redistributivo", se explica en el plan de trabajo.
La tercera fiscalización se centra en el contrato de colaboración público-privada firmado en 2016 por el Sergas por importe de 78 millones de euros para "dar un solución global que cubra las necesidades de realización de pruebas y procedimientos de diagnóstico por imagen, intervencionismo, medicina nuclear y radioterapia".
"Se trata de un contrato novedoso en cuanto al procedimiento de adjudicación al tener en cuenta aspectos de innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, y que tiene un impacto temporal y económico relevante", argumenta el Consello de Contas para ordenar la inspección. La finalidad es analizar el cumplimiento de la normativa en materia de contratación, así como el análisis de los resultados obtenidos en las distintas fases y las mejoras tanto tecnológicas como innovadoras resultantes del contrato.
