Las empresas de ambulancias que trabajan para el 061, agrupadas en la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias (Fegam), presentaron esta mañana un escrito ante la Fundación Pública-Urxencias Sanitarias-061 en el que solicitan la resolución del contracto "al no poder garantizar la prestación del servicio más allá del 31 de marzo de 2019 debido a lo deficitario del mismo".
La Consellería de Sanidade garantiza que el servicio de transporte sanitario urgente se mantendrá "en las mismas condiciones de calidad". Aclaran que al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía, las ambulancias tienen que seguir trabajando hasta que haya una nueva adjudicataria. Y avanzan que ya han iniciado los trámites para una nueva licitación.El nuevo contrato tendrá que se atractivo para las empresas.
Según explican las actuales concesionarias de ambulancias, las pérdidas que tienen superan los cinco millones de euros. Explican que son debidas a "lo ajustado del importe con el que salieron a concurso los diferentes lotes del servicio de transporte sanitario urgente, a las exigencias sociales y a las modificaciones en materia laboral que han surgido en los últimos meses". Los empresarios aseguran que estas circunstancias los han obligado a adoptar "una difícil situación", con el objetivo de poner fin a una situación que califican de "límite"
La Fegam mantuvo ya diversas reuniones con la Consellería de Sanidade para encontrar una solución que permitiera seguir ofreciendo un servicio de calidad a los ciudadanos y, al mismo tiempo, garantizar la viabilidad de las empresas. La falta de respuesta por parte de la Administración provocó, en un primer término, la determinación de los empresarios de solicitar la inaplicación temporal del convenio colectivo a finales del año pasado, con base en las pérdidas económicas que estaban sufriendo las empresas. La decisión sobre si se aceptaba, o no, dicha inaplicación, pasaba por el resultado de la votación de la Comisión Tripartita (Sector, Administración y Agentes Sociales), que no prosperó debido a la abstención de la propia Administración, que debería ser la que resolviera la cuestión.
Han pasado ya meses y los empresarios denuncian que siguen sin recibir respuesta a sus demandas. "Esto, unido a la dificultad de obtener financiación por parte de las entidades bancarias en relación con unos contratos a todas luces deficitarios, les ha obligado a presentar su solicitud de resolución del contrato actual", explican.
Ahora las empresas intentarán "garantizar la prestación del servicio" hasta la resolución de la Administración, cuyo plazo legal no puede ir más allá de los ocho meses. No obstante, y dada la delicada situación económica de los empresarios, éstos dudan de poder seguir trabajando "más allá del 31 de marzo de 2019".
