La subida salarial general para todos los empleados públicos del 2,25%, que el Gobierno central aprobará el viernes mediante real decreto, y los acuerdos sectoriales con profesores, sanitarios y empleados de justicia, entre otros, supondrán un gasto adicional para la Xunta el año de viene de 127 millones de euros. Esa cifra supone un aumento del 3,4% en la partida de personal respecto al presente ejercicio, cuatro décimas menos que el incremento general de los presupuestos autonómicos, que fueron aprobados ayer definitivamente y que prevén el mayor desembolso en ocho años: 9.850 millones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Senado que el Consejo de Ministros del viernes, que se celebrará en Barcelona, aprobará la subida salarial para los empleados públicos estatales, autonómicos y municipales del 2,25%, siguiendo la hoja de ruta marcada por el anterior Ejecutivo del PP. Esa cifra podría variar en función de la evolución económica. Si el PIB crece un 2,5% -dos décimas por encima de la previsión del Ministerio de Hacienda-, podrían añadir otro 0,25%, pero solo se abonaría desde el segundo semestre del año.
Las comunidades están expectantes, pues no pueden aplicar a sus plantillas ese incremento retributivo hasta que el Ejecutivo central valide una norma imprescindible para ello. Las dificultades del Gobierno para aprobar los presupuestos generales de 2019 debido a la debilidad parlamentaria del PSOE amenazaban con retrasar sine die la luz verde a este aumento retributivo, por lo que el Ejecutivo optará por la vía alternativa de aprobar un real decreto que en un mes deberá ser aprobado en las Cortes para ser efectivo. Previsiblemente, logrará mayoría de apoyos.
La Xunta ya había previsto en sus presupuestos aplicar ese incremento a sus 87.000 empleados el año que viene, aunque solo podría comenzar a pagarlo una vez la administración estatal aprobase la habilitación legal bien a través de sus cuentas, bien a través de un real decreto, vía finalmente empleada para "evitar así que la parálisis presupuestaria penalice a los funcionarios", según interpretan fuentes de la Consellería de Facenda.
Cualquier retraso, sin embargo, está contemplado para que el incremento de la nómina se pague incluso con carácter retroactivo, como sucedió el año pasado.
Los presupuestos generales del Estado de 2017 no entraron en vigor hasta verano de ese año, pero la administración abonó la subida del 1% pactada en la nómina de julio, incluyendo las cantidades correspondientes a los meses anteriores. Esta cláusula formaba parte del acuerdo entre el Gobierno de Rajoy y los sindicatos, que establecía como fecha de aplicación de las subidas salariales el 1 de enero.
La subida salarial del 2,25% copará la mayor parte de los 127 millones adicionales para gastos de personal el año que viene de la Xunta, que ascenderán en total a 3.889,3 millones: casi el 40% de las cuentas autonómicas. Pero esas cifras también incluyen las mejoras en la nómina pactadas con los empleados de justicia tras la huelga de comienzos de año, el personal sanitario o los profesores, así como los que se pacten con otros empleados con los que Facenda negocia.
Los presupuestos autonómicos recibieron ayer la aprobación definitiva en el Parlamento gallego, lo que permitirá a la Xunta pagar los aumentos salariales a sus empleados desde enero.
PP y oposición
Solo el PPdeG, con la única mayoría absoluta autonómica existente en la actualidad, apoyó las cuentas en una sesión en la que rechazó 1.427 enmiendas de la oposición -antes se aplicaron siete del PP, cuatro del PSOE y dos transacciones con socialistas y En Marea-, que criticó la falta de recursos para la sanidad y las rebajas fiscales para "los más afortunados", en palabras del portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, en alusión a la reducción de un 20% en el impuesto de patrimonio para eliminar así la subida de 2013.
El portavoz de En Marea, Luís Villares, censuró que se "reduzca el gasto sanitario en términos de PIB", propuso destinar todos los fondos en esta materia a la "sanidad pública" y criticó unas cuentas que "impiden que la recuperación económica llegue a las capas sociales más desfavorecidas". Por su parte, Ana Pontón (BNG) denunció el "desmantelamiento de la sanidad pública" mediante unas cuentas en las que echó en falta fondos para contratar más personal en este ámbito.
El popular Pedro Puy rechazó las críticas a un presupuesto que destina el 80% de recursos a "gasto social" y destacó la supresión de la prevista creación del "pediatra de área" -podría trabajar en Atención Primaria y hospitales según las necesidades- tras el rechazo del sector.
