Los dueños de pisos turísticos podrán verse obligados a pagar a partir de ahora hasta un 20% más del recibo de la comunidad, sí lo decide la comunidad de vecinos, y será suficiente con el voto positivo de tres quintos de los propietarios del edificio. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que "paguen más los que más usen las zonas comunes", pero "con un límite". En Galicia, la decisión afecta a 7.216 pisos turísticos registrados legalmente.
El Ejecutivo central Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado el real decreto ley de medidas urgentes de vivienda y alquiler, que se publicó ayer en el BOE y entra en vigor hoy, para limitar la expansión de los pisos turísticos. Reforma la Ley de Propiedad Horizontal para reducir la mayoría necesaria para vetar pisos turísticos.
Hasta ahora se requería unanimidad de la comunidad de vecinos, desde hoy bastará con una mayoría cualificada de tres quintos de los propietarios y de las cuotas de participación para limitar o condicionar el ejercicio del alquiler turístico. Esta medida no tiene efectos retroactivos, así que no afecta a las viviendas de uso turístico que ya tienen licencia como tal. Dicho de otro modo, las más de 7.200 viviendas turísticas registradas en la comunidad se libran del veto, pero los dueños de las ilegales si quieren regularizar su situación o los de las nuevas viviendas que quieren apuntarse al negocio corren el riesgo de que los dueños vecinos del edificio o la urbanización se lo impidan.
El veto de las comunidades de vecinos era una medida que ya había sido anunciada por el anterior Gobierno.
El real decreto también modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para excluir de su ámbito las viviendas de uso turístico para que pasen a estar reguladas por las normativas turísticas de cada comunidad autónoma.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha justificado las medidas como "un paso más para regular el ejercicio de la actividad de alquiler turístico de viviendas, lo que ayuda a las comunidades autónomas a mitigar las dificultades de control de las viviendas de uso turístico y da más capacidad a las comunidades de propietarios para limitar o fijar condiciones para el ejercicio de esta actividad".
Estas nuevas medidas fueron discutidas con las comunidades, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y asociaciones de sectores implicados: las plataformas online como Airbnb o HomeAway, los hoteleros, ...
El pasado mes de septiembre, el Gobierno también barajaba crear un registro único para todo el país de las viviendas de uso turístico. Este registro debía servir para dar mayor seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario; facilitaría que las comunidades ejerzan sus labores de control y verifiquen si el alojamiento cumple su normativa; y allanará la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, al estar conectado también con Hacienda. Galicia ya tiene su propio registro, igual que otras comunidades, y en el decreto que ayer entró en vigor nada se dice del registro estatal.
