La espera para que el Congreso apruebe la transferencia de la Autopista do Atlántico (AP-9) a Galicia será breve, pero a partir de entonces se abrirá un período máximo de medio año para que Xunta y Gobierno central negocien las condiciones de la cesión y así hacerla efectiva. La Mesa de la Cámara Baja aprobó ayer tramitar la proposición de ley sobre esta cuestión por la vía de urgencia y lectura única, lo que permitirá su aprobación en febrero o marzo. A partir de ese momento, las dos administraciones dispondrán de un máximo de seis meses, como establece el texto legal, para cerrar el traspaso efectivo en una negociación en la que el Ejecutivo gallego condiciona la cesión a que sean las arcas estatales las que financien los compromisos adquiridos en la vía, como obras para construir enlaces alrededor de poblaciones como Vigo o rebajar peajes como el de Redondela.

Galicia reabrió el frente político para lograr el traspaso de la titularidad de la AP-9 -le permitiría controlar y sancionar a la concesionaria y modificar los peajes que no estén ya pactados- hace dos años y el Parlamento gallego aprobó hasta tres proposiciones de ley por unanimidad para que el Congreso las discutiese, pero siempre se topó con el veto del Gobierno del popular Mariano Rajoy. Su argumento para frenar el debate de que podría elevar el gasto estatal fue rechazado posteriormente por el Tribunal Constitucional, pero el asunto solo se desbloqueó en verano tras la moción de censura. El nuevo Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez autorizó el debate de la proposición, que partió en Galicia del BNG, aunque fue apoyada por PPdeG, En Marea y PSdeG.

La semana pasada el Congreso aceptó tramitar esa propuesta y ayer la Mesa de la Cámara aceptó apurar al máximo los plazos para su previsible aprobación, pues la iniciativa fue avalada por todos los grupos salvo Ciudadanos, que se abstuvo.

Ayer, el partido de Albert Rivera votó en contra de que la propuesta legal sobre la cesión de la AP-9 a Galicia se tramitase por el procedimiento de urgencia y en lectura única, alegando el abuso de este mecanismo, a pesar de que Galicia aguarda desde hace dos años que se discuta en las Cortes.

La petición de emplear este camino partió de En Marea, integrada en el grupo confederal de Unidos-Podemos, con el apoyo del grupo Mixto, según desveló Europa Press. El procedimiento de urgencia reduce a la mitad los plazos de enmiendas y la lectura única permite solventar en una semana los debates en ponencia, comisión y pleno.

Por ello, la proposición de ley podría ser sometida a la votación final y previsiblemente aprobada en febrero o marzo si no existen dilaciones por prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas.

Esa celeridad, sin embargo, no significa que el texto sea aprobado tal cual salió del Parlamento gallego. De hecho, PP y PSOE insinuaron la semana pasada en la sesión del Congreso en que se autorizó la tramitación de la ley su rechazo a mantener en ella la opción del rescate de la concesión, que expira en 2048, para que la AP-9 pasase a manos públicas.

Esa posibilidad fue retirada de dos proposiciones aprobadas por el Parlamento gallego también por unanimidad en una estrategia de sortear el veto del Gobierno de Rajoy. Pero cuando el Ejecutivo socialista autorizó el debate, a la Cámara llegó la primera, que sí contempla esa posibilidad en su disposición adicional tercera, según la cual sería la administración estatal la que asumiría las "obligaciones económicas y financieras" derivadas del rescate de la concesión.