El conflicto interno de En Marea suma un nuevo capítulo en su escalada de tensión desde la suspensión el pasado día 1 de sus primarias y el último motivo de desencuentro ha llegado incluso a la Guardia Civil. Cuatro miembros del Comité Electoral, controlado por los críticos con la dirección de Luís Villares, rechazaron ayer la decisión de la Comisión de Garantías, con mayoría oficialista, de suspender a tres de sus compañeros por el supuesto acceso irregular al censo de militantes, pero no se quedaron ahí, sino que pusieron en conocimiento de la Benemérita que los sustitutos de los cesados fueron incluidos en el servicio de mensajería Telegram que el Comité Electoral utiliza para reunirse y votar. Entienden que esa acción puede vulnerar su derecho al "secreto de las comunicaciones telemáticas".
El cruce de acciones ante la justicia, después de que la Comisión de Garantías anunciase que iba a denunciar la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos por parte de los tres suspendidos, eleva la crispación interna y la perplejidad de gran parte de los inscritos.
Los miembros del Comité Electoral Sonia Mauriz, Martiño Ramos, Jennifer Merino y Carlos Franco comparecieron ayer en la puerta de la sede de En Marea en Santiago, denunciando que la dirección rupturista les vetaba por segunda vez la entrada al local. Fue Mauriz quien empleó el portal de la Guardia Civil para consultar si la incorporación de tres personas al grupo de Telegram del citado órgano vulnera su derecho "al secreto" de sus comunicaciones telemáticas.
En su consulta, que no denuncia, señala como responsable a Daniel Conde, afín a la dirección de En Marea. Mauriz y sus compañeros entienden que los tres cesados no aceptan la sanción, por lo que debe instruirse un procedimiento interno para dirimir el conflicto. Rechazan la decisión "unilateral" de la dirección de agregar al grupo de Telegram a tres sustitutos, que elevan así el número de miembros del Comité Electoral de 13 a 16, siendo, por tanto, "ilegal" al contar más integrantes de los establecidos. Además, de esa forma se equilibran las fuerzas en este órgano entre críticos y oficialistas, pues los tres nuevos integrantes son afines a Villares.
"La Comisión de Garantías pretende modificar la composición del Comité Electoral en una vulneración más de los acuerdos del plenario que está siendo violentado para modificar la composición que las inscritas decidieron", denunció ayer Mauriz.
El galimatías de movimientos de cada bando enfrentado mantiene suspendidas las primarias sine die, lo que los críticos consideran un "boicot" de Villares y los suyos a una consulta a las bases que debe decidir la correlación de fuerzas en la dirección en un escenario marcado por la derrota de los oficialistas en el último plenario, a finales de octubre.
