Medio Rural incorporará voces independientes al grupo de trabajo que elaborará la propuesta de Galicia que luego enviará al Gobierno central para defender sus intereses en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea a partir de 2020, el mayor capítulo del presupuesto comunitario y que asciende a 890 millones de euros para la comunidad entre 2014 y 2020. La Xunta pretende evitar cualquier opción de renacionalización de estas subvenciones para mantener criterios iguales en toda la UE y establecer un tope de 60.000 euros de ayuda por granja, una forma de favorecer las pequeñas y medianas explotaciones.
El conselleiro de este departamento, José González, avanzó ayer que crearán un grupo de expertos de carácter "multidisciplinar" para diseñar las aportaciones gallegas que trasladarán al Gobierno estatal con la intención de que este las incorpore a su estrategia en la negociación de la PAC, un instrumento determinante para el sector primario en Galicia. Solo el año pasado, alrededor de 30.000 personas se repartieron 170 millones de euros de los citados fondos.
Tras asistir ayer al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Bruselas, el dirigente indicó que ese equipo contará con expertos en la PAC de la administración autonómica, especialmente de su departamento y del Fondo Galego de Garantía Agraria, pero también pretende sumar a "diferentes especialistas de entidades públicas y privadas", según apuntó Medio Rural mediante un comunicado.
Un recorte del 5%
La consellería ya fijó una posición de base hace meses ante la negociación de la nueva PAC a partir de 2020 en un escenario, además, postBrexit, lo que está por ver cómo repercute sobre la cuantía de estas subvenciones. En principio, la Comisión Europea prevé un recorte de estos fondos de un 5%.
El Ejecutivo gallego rechaza vías renacionalizadoras que dejen en manos de cada Estado el diseño de los criterios de ayudas, un escenario que, cree, provocaría agravios entre países y una distorsión del mercado. Además, defiende mantener que las ayudas agrarias directas se financien exclusivamente con fondos europeos.
González expuso ayer que también buscarán presionar a la UE para se implementen recetas que "reconozcan las particularidades" de Galicia, favorezcan la incorporación de jóvenes al sector primario y "medidas para paliar las oscilaciones de los precios de productos agrarios", incluyendo una "discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales".
Además, González recordó que la postura inicial de la Xunta es "fruto del consenso con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas", según su departamento, si bien mantuvo abierto el espacio de diálogo e incorporación de aportaciones. En el terreno político, apeló a la necesidad de lograr el mayor consenso posible y reforzar así la posición de la Xunta, representada ayer también en Bruselas por la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que asistió a la reunión del Consejo de Ministros de su rama.
En agosto, el Ejecutivo autonómico firmó un documento con organizaciones del sector primario para planear sus demandas respecto a la PAC que se aplicará en el próximo período presupuestario comunitario: de 2021 a 2027.
Demandas
Además de abogar por una ayuda máxima de 60.000 euros por explotación, lo que supone 40.000 menos que la propuesta de la Comisión Europea, Galicia reclama aumentar los fondos que percibirá un 15%, si bien el contexto es de recortes en el próximo período presupuestario de la UE, el primero tras la salida de Reino Unido de la alianza y, por tanto, sin su aportación económica. De hecho, el escenario de fondos de desarrollo regional y políticas de cohesión se plantea de recortes. De los 2.771 millones previstos entre 2014 y 2020, la Fundación Galicia Europa, dependiente de la Xunta, prevé una reducción hasta los 1.630.
Medio Rural prevé atinar sus planteamientos mediante el nuevo grupo de trabajo que pondrá en marcha, si bien ya avanzó este verano que también reclama rebajar trámites burocráticos y exigencias medioambientales en territorios en los que puedan supone una presión excesiva para el desarrollo agrícola o ganadero, según planteó el departamento en agosto cuando la titular del mismo era Ángeles Vázquez, hoy conselleira de Medio Ambiente.
