La comunidad gallega tiene por delante importantes y perentorios desafíos en materia de gestión de residuos urbanos. Al acabar 2020 tendrá que reciclar la mitad de la basura que genera y en los concellos de más de 5.000 habitantes se tendrá que colocar un quinto contenedor para recoger los residuos orgánicos que ahora se mezclan con otros considerados no reutilizables. El reto, impuesto por la UE, no es menor y la responsabilidad recae casi en exclusiva en los concellos, si bien la Xunta también cuenta con un plan de apoyo a los ayuntamientos para intentar conseguir estos objetivos. Y entre las propuestas que traslada a los gobiernos locales figura la implantación de una "tasa específica" de recogida de basura para los denominados grandes productores, que son todas las actividades comerciales y económicas, las que exceden el ámbito del hogar, como tiendas de ropa, carnicerías, zapaterías, establecimientos hoteleros, restaurantes, bares...

La Consellería de Medio de Medio Ambiente precisa que desde la Administración autonómica no se va a establecer una tasa al respecto, dado que no es su competencia, pero sí que se trasladará a los concellos que esta fórmula existe y que se ha implantado en otros territorios, para que la consideren a la hora de afrontar las obligaciones impuestas por la UE sobre gestión de residuos urbanos.

De la basura que se genera en un municipio, entre el 20% y el 25% es de origen comercial, en función de la mayor o menor presencia de actividades económicas. "La introducción de las recogidas comerciales para grandes productores es, por tanto, un instrumento eficaz para mejorar los resultados de recogida selectiva tanto en cantidad como en calidad, especialmente para la fracción orgánica, aunque también para los envases", indica el departamento de Ángeles Vázquez sobre sus orientaciones para mejorar la gestión de los residuos entre grandes productores y ayuntamientos, especialmente en los turísticos por tener estos mayor volumen de actividad económica.

Lo que se plantea es fomentar la gestión diferenciada de los residuos generados por actividades económicas frente a las domésticas. "El objetivo es potenciar y facilitar la gestión diferenciada de los grandes productores, con recogidas privadas o mediante servicios municipales, ya sean en circuitos diferenciados o integrados en los circuitos domiciliarios, según sea lo adecuado en cada caso, lo que permitirá mejorar sensiblemente los resultados globales de recogida selectiva", detalla la Consellería de Medio Ambiente.

El grado de recogida selectiva de basura en la comunidad está en el 15%, una cifra muy alejada de la meta europea, de ahí que la Xunta pretenda involucrar en el cumplimiento de los objetivos a las administraciones locales, "de las que realmente depende la gestión".

Otra línea de actuación es prevenir el desperdicio alimentario y fomentar el consumo responsable, objetivos ya anunciados en la Lei de Residuos e Solo Contaminados de 2011, con medidas como acuerdos con comercios para minimizar los alimentos caducados, actividades con comedores que permitan el aprovechamiento de alimentos sobrantes o derivar los excedentes en buen estado a través de iniciativas sociales como comedores populares o banco de alimentos.

El caso es que la directiva europea establece que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tendrán que implantar la recogida de biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020 y el resto, en los tres años siguientes. Y serán, como recuerda la Xunta, las entidades locales las que soporten la obligación de adoptar las medidas necesarias para llegar a estos plazos con los objetivos cumplidos.

También está el problema de dónde tratar la basura orgánica. El Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Xunta, de 2010, preveía crear once plantas de compostaje, pero solo se ha hecho una, de ahí que se plantee llevar los biorresiduos a las instalaciones de compost que ya funcionan en algunas industrias del sector agroalimentario.