La oposición pondrá en marcha el lunes la comisión sobre los recortes en sanidad alternativa a la abierta en el Parlamento precisamente por iniciativa de En Marea, PSdeG y BNG, gesto con el que pretenden denunciar el "veto" del PP a voces críticas con la Xunta. La primera intervención tendrá un calado especial. Será Manuel Pereira, portavoz de la familia del hombre que falleció en agosto en el PAC de A Estrada, donde no había médico disponible cuando llegó al centro. Además, el lunes comparecerán miembros del movimiento PAC's en pie de guerra.

Estos testimonios no fueron incluidos en el plan de trabajo de la comisión, controlada por la mayoría absoluta del PP.

Los portavoces en la materia de En Marea, PSdeG y BNG justificaron esta comisión paralela. "Hubo un veto y una manipulación del contenido de la comisión", alegó Eva Solla (En Marea), mientras el socialista Xulio Torrado reprochó al PP querer imponer su "visión unilateral" de la sanidad y Montse Prado (BNG) recordó las dimisiones de 80% de jefes de servicio de Atención Primaria en Vigo para criticar la "situación límite" de la sanidad.

A esta decisión se refirió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que reprochó a la oposición abandonar el órgano oficial y seguirlo "por Twitter".

Solo el PP asistió a la jornada de ayer de esta comisión, en la que intervino el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Quique Costas, que exigió a los populares "empatía" para ponerse en el lugar de las "personas que murieron" sin acceso a los fármacos de última generación.

Esta plataforma lideró las protestas contra la Xunta, que creó una comisión para decidir a qué pacientes suministraba esos medicamentos de alto coste. La causa está sub iudice y dos altos cargos están investigados por presunto homicidio imprudente tras la muerte de ocho pacientes a la espera del tratamiento. "Hubo cosas que no funcionaron bien porque hubo pacientes que fallecieron", denunció Costas, que situó en "un año" la demora para lograr ese medicamento y lamentó el "veto" del PP a la comparecencia de los imputados (Félix Ruibal y Carolina González-Criado).

El diputado popular Álvaro Núñez Centeno rechazó vincular 13 denegaciones con los recortes, pues se autorizaron 3.300 tratamientos.

También intervinieron ayer la presidenta de la Asociación Galega de Hemofilia, Lucía Quintas, que justificó la actuación del Sergas en el caso de la hepatitis C. "Los recursos son los que son y son limitados, en cierto punto hay que hacer limitaciones", declaró.

Por su parte, la directora sociosanitaria de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, Carmen López, criticó la "falta de coordinación" de sanidad gallega.