El consenso sobre la cesión de la titularidad de la AP-9 a Galicia se difumina a la hora de afrontar los pasos para materializarla, después de que el Congreso iniciase la tramitación de la proposición de ley sobre ella el martes. La Xunta confía en que se concrete en 2019.

PPdeG y PSdeG abogaron ayer por aclarar las condiciones de ese cambio, que permitiría a la Xunta controlar la política de peajes y sancionar a la concesionaria. En el Congreso ambos grupos ya deslizaron su rechazo a mantener en el texto la opción del rescate de la vía, lo que supondría introducir enmiendas que impedirían su aprobación por lectura única, método que defienden En Marea y BNG. El portavoz de los primeros, Luís Villares, propuso rescatar la AP-9 con los 1.200 millones previstos para la A-57 y la nacionalista Ana Pontón anunció que los grupos nacionalista del Congreso propondrán ese trámite rápido.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, defendió que la Xunta aborde con el Gobierno "el coste" de la cesión y la "evolución de peajes para el futuro", mientras el del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, pidió respetar "los ritmos del Congreso" y garantizar que no suponga ningún coste. Su jefe de filas, Gonzalo Caballero, trató ayer la cesión con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

Por su parte, la portavoz en Galicia de Ciudadanos, Olga Louzao, se opuso a la cesión alegando que la AP-9 es "estratégica" para el Estado y tachó de "electoralista" una medida "que no va a hacer que se eliminen los peajes".