La crisis interna de En Marea ya excede sus propias fronteras y explorará también la vía judicial para complicar aún más la difícil convivencia entre los dos sectores que pugnan por hacerse con la dirección del partido instrumental, proceso en dique seco porque las primarias para determinar quién es el vencedor están paralizadas desde el 1 de diciembre.

Si el martes comparecían cinco miembros del comité electoral -controlado por el sector crítico- para justificar que estaban legitimados para acceder al censo de los inscritos, ayer le tocó el turno al portavoz de la coordinadora y responsable legal de En Marea ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Gonzalo Rodríguez, para decir lo contrario, que el acceso al censo fue irregular, que el comité electoral no estaba autorizado a consultar el registro de inscritos a espaldas de la dirección y anunciar, además, que la coordinadora (el equivalente a una ejecutiva en un partido convencional) pondrá en conocimiento de la Fiscalía la situación para que evalúe la posible existencia de un delito contra la privacidad de los inscritos.

Gonzalo Rodríguez aseguró que el comportamiento del comité electoral fue "ética, política y legalmente inaceptable" y negó que existiese una autorización "tácita" por parte de la coordinadora para que el comité electoral accediese al censo, extremo que sostienen estos últimos con base en que fue la propia dirección quien les facilitó un documento de compromiso de confidencialidad que debían firmar las tres personas seleccionadas por el comité para supervisar el registro de personas inscritas.

El portavoz de la dirección esgrime que "la primera cláusula" de dicho documento establece que él mismo, como responsable legal del partido, es "el único competente" para establecer las condiciones en las que podían consultar el censo y que, al haber accedido al registro a sus espaldas, el comité "vulneró las reglas". "No respetaron el mandato del plenario, el reglamento interno, la ley y el mandato de preservar la confidencialidad de los datos", indicó.

Por ello, además de poner en conocimiento de la AEPD lo sucedido y recurrir a los tribunales, la coordinadora también solicita la revocación de las tres personas del comité electoral -Martinho Ramos, Raquel Bernárdez y Pablo Nieves- responsables del censo y cuyos nombres figuran en las auditorías (una externa y otra interna) encargadas por la dirección para esclarecer quién accedió al censo de manera "irregular".

Según figura en las auditorías encargadas por la dirección, también hubo 59 accesos al censo realizados por parte de siete miembros de la coordinadora. Preguntado por esta circunstancia, Gonzalo Rodríguez argumentó que estos accesos estaban "autorizados" pues la dirección del partido instrumental debe designar un "equipo" de personas que se encarguen de "verificar que las nuevas altas cumplen los requisitos" para inscribirse en En Marea, como ser mayor de edad y residir en Galicia.

Evidentemente, la actuación de la coordinadora fue criticada duramente por David Bruzos, cabeza de lista de la candidatura "Entre todas" que agrupa a los críticos (Podemos, Anova, EU y los alcaldes de Santiago, A Coruña y Ferrol). Aunque considera que Gonzalo Rodríguez está en su derecho a acudir al fiscal, ve "claramente indignante" este recurso porque entiende que el comité electoral no cometió irregularidad alguna, que no hay delito por ningún lado y que fue "escrupuloso" con su trabajo.

No obstante, Bruzos avisa a la coordinadora que no intente usar la denuncia "como coartada" para intentar anular las primarias y reclama al portavoz único de En Marea, Luís Villares, "responsabilidades".

"Es una vuelta de tuerca más para que no se vote. Tienen miedo a perder la dirección y utilizan información contaminada y falsa. Es algo tremendamente grave poner en manos de la Fiscalía a tres compañeros que han sido escrupulosos con su trabajo, accediendo de forma legal al censo", declaró David Bruzos. "Esa medida lo que no puede ser es una coartada para que no se vote", advirtió.

El candidato a la dirección reclama que se reanuden las elecciones internas cuanto antes, pues entiende que existen las máximas garantías para la votación, las mismas que había el 1 de diciembre cuando a las dos horas de comenzar el proceso se suspendieron las primarias.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, calificó de "inexplicables" los comportamientos de miembros de la coordinadora de En Marea por acudir a la Fiscalía, dado que la "judicialización" del conflicto a raíz del proceso de primarias "no es positiva". En todo caso, indicó que no quería "participar" con sus declaraciones en una situación que, a su juicio, "no está a al altura de lo que necesita la sociedad gallega". "No tenemos tiempo para tonterías", sentenció.