La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ha recurrido el auto por el que el juez da por cerrada la instrucción del caso con la imputación del maquinista Francisco José Garzón Amo y de Andrés Cortabitarte, un alto cargo de Adif que se encargaba de la seguridad en el momento del siniestro. La plataforma de afectados considera que se debe continuar el procedimiento también contra el exdirector de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, y contra el responsable de seguridad de Adif en la zona noroeste, Fernando Rebón.

Así consta en el documento entregado ayer ante el juzgado. Además, el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo, que actúa en representación de esta asociación de afectados, ha recurrido también la negativa del instructor a tomar declaración al exjefe de la unidad de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, quien recientemente compareció en la comisión del Congreso que investiga el siniestro.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago acordó el cierre con dos investigados: el maquinista, que circulaba con un exceso de velocidad aquel día y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, a quien atribuye deficiencias en el análisis de riesgos de la línea, y que sigue ocupando actualmente un puesto directivo en el ente administrador de infraestructuras.

Hasta el momento de emitir el auto con esta decisión, también estaban investigados Lanchares y Rebón, junto a tres técnicos de Ineco, cuyas declaraciones en sede judicial sirvieron para determinar que el tramo que abarca la curva de A Grandeira, donde se produjo el descarrilamiento, carecía de la evaluación de riesgos por parte de una entidad independiente.

En el recurso, el representante de la plataforma de víctimas recuerda al juez que la Agencia Ferroviaria Europea, en el informe que le fue requerido por el juzgado, establece que "la responsabilidad de evaluar los riesgos antes de la puesta en servicio de la línea no es algo exclusivo del administrador de la infraestructura (Adif), sino que también compete a la empresa ferroviaria (Renfe)". E incide en que esto es así "en aplicación de la legislación vigente en el momento de puesta en servicio de la línea".

De este modo, subraya que "Renfe debe ser garante y tiene responsabilidad de los posibles riesgos en la nueva línea" y añade que "debería haber controlado a través del correspondiente análisis de riesgo dicha circunstancia".