El Congreso aceptó esta tarde iniciar la tramitación de la proposición de ley para transferir a Galicia la titularidad de la Autopista do Atlántico (AP-9), medida apoyada por todos los grupos políticos salvo Ciudadanos, que se abstuvo tras anunciar anteriormente su rechazo a la medida. Sin embargo, PP y PSOE ya han evidenciado su distanciamiento respecto a la posibilidad de mantener en la norma la opción de rescatar la infraestructura, anulando la concesión que expira en 2048 y pasarla a manos públicas.
El Parlamento gallego aprobó hasta tres propuestas legales para que la administración estatal cediese a la Xunta la titularidad de la principal vía de comunicación de Galicia, lo que le otorgaría la potestad de control sobre la concesionaria -y la imposición de sanciones- o sobre los peajes, pero el anterior Gobierno del PP vetó su debate en las Cortes. Alegó para ello que la medida incrementaría el gasto público, criterio que usó de forma irregular, según el Tribunal Constitucional.
El Gobierno del PSOE levantó el veto y aceptó debatir la norma, sesión que tuvo lugar esta tarde y que aún no ha sido votada, a pesar de que todos los grupos han fijado ya posición. Sin embargo, la Cámara Baja ha debatido la primera propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego, que incluye la opción del "rescate de la concesión" de manos privadas, una posibilidad eliminada posteriormente para intentar saltarse el veto del Ejecutivo de Rajoy.
PP, PSOE, Unidos-Podemos, ERC, PNV y grupo mixto han anunciado su voto favorable a iniciar la tramitación del texto, pero los dos primeros han recordado que la propuesta debatida fue modificada en la Cámara gallega, en alusión a la opción del rescate, deslizando la necesidad de ajustarse a las últimas versiones y, por tanto, descartando el botón nuclear de anular la concesión a Audasa.
La aceptación del debate de esta proposición de ley fue debatida en el Congreso por tres diputados del Parlamento gallego, como establece el Estatuto de Autonomía. Se trató de Martín Fernández Prado (PP), Antón Sánchez (En Marea) y Luis Manuel Álvarez (PSdeG).
La iniciativa aprobada en el Parlamento gallego partió del BNG, que no pudo defenderla en las Cortes al ser el grupo con menos diputados. Su portavoz nacional, Ana Pontón, reclamó antes de la sesión que se acelerase su tramitación y no enmendase ningún artículo.
Antón Sánchez fue el único de los diputados autonómicos que defendió que "no se mutile la opción de que Galicia decida la reversión" de la concesión, potestad que también defendió Antón Gómez-Reino, diputado de En Marea en el Congreso que intervino en representación del grupo Unidos-Podemos.
