Cuatro partidos con representación en el Parlamento gallego y cuatro posturas distintas sobre la Constitución que hoy cumple 40 años. PP y PSdeG coinciden en lo sustancial, en que es la piedra angular que sujeta la arquitectura de España, si bien discrepan sobre la conveniencia de mejorarla con retoques. Para los populares no hay que tocar nada, mientras que los socialistas están abiertos a reformas siempre que se den los consensos necesarios y se esté de acuerdo, previamente, en el alcance del contenido. En Marea aboga por una revisión profunda que desemboque en un nuevo periodo constituyente con cambios radicales. Y la postura más extrema corresponde al BNG, que no comparte siquiera el contenido de la Carta Magna y aboga por una nueva arquitectura institucional donde Galicia pueda decidir qué tipo de relación prefiere con el Estado.
"La Constitución está plenamente vigente y si algo la caracteriza, es su estabilidad", sostiene el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy. Para este político, no hay ninguna necesidad de emprender un procedimiento de reforma constitucional, aunque respeta la opinión de quienes creen que se puede mejorar.
"Porque la Constitución está viva y es flexible a través de la interpretación que hace el Tribunal Constitucional", señala el diputado. Con esta fórmula se ha actualizado y buscado encaje para determinadas figuras que no estaban previstas cuando los relatores escribieron el texto de la Carta Magna, como el matrimonio homosexual o el derecho a la intimidad ante la explosión del fenómeno internet. "Por tanto no es pétrea ni inmóvil. No deja de estar al día", añade Pedro Puy, tras lo que destaca que la Constitución española es de las más recientes de la Europa occidental. Tampoco cree, como sostienen los proclives a actualizar la Carta Magna, que el texto deba ser sometido a votación por cada generación.
El portavoz de En Marea, Luís Villares, considera que "innegablemente, la Constitución funcionó en una parte razonablemente bien", pero que después de 40 años el modelo está agotado, con partes obsoletas, y que además dos tercios de la actual población española no la votaron, por lo que sostiene que se tiene que actualizar y reformar. "Lo normal es modificar las constituciones con cierta periodicidad, como cada 25 años, por cada generación de ciudadanos", precisa Villares, magistrado en excedencia.
Entre la reformas que defiende En Marea, que llevarían a un nuevo proceso constituyente, figuran, entre otros, que la Jefatura de Estado fuera elegible por los ciudadanos o que se conviertan en auténticos derechos el acceso a una vivienda digna, una renta mínima universal para las personas que no son capaces de encontrar un trabajo o garantizar un mínimo vital de energía para los hogares.
La demanda de reformas de En Marea es muy amplia, ya que consideran que el actual modelo está agotado tras 40 años sin más cambios que dos modificaciones puntuales.
El PSdeG, por su parte, entiende que la Constitución es perfectamente válida cuatro décadas después. Y aunque su secretario xeral, Gonzalo Caballero, considera que se puede mejorar, también deja claro que para ello es necesario tener las cosas muy claras previamente y alcanzar un consenso. "La Constitución nació de un gran acuerdo social y para cambiarla necesita lo mismo. Estamos abiertos a reformas, poniendo en valor lo que hay, y no estamos instalados en el inmovilismo, pero tiene que haber consenso", asegura Caballero.
En todo caso, también admite que no se dan las circunstancias políticas para emprender cualquier actualización debido a la falta de mayorías, estabilidad política y de consensos, a lo que en nada ayuda la crisis de Cataluña.
El BNG se mueve en otros parámetros, radicales. "Nunca fuimos confesionales con este texto y no lo vamos a ser ahora", dice su portavoz nacional, Ana Pontón. El Bloque lo que quiere es un nuevo marco donde Galicia, al margen de Madrid, puede decidir el tipo de relación con el Estado. "Tenemos derecho a escoger qué presente y qué futuro queremos vivir", sostiene Pontón, para quien el actual modelo institucional está viciado de origen por la herencia franquista que afecta hasta a la figura del Rey, "totalmente anacrónica, nombrado como sucesor de Franco por las Cortes franquistas".
