Dos años después de su constitución, En Marea vive su mayor cisma interno que hace muy difícil una reparación futura de la actual fractura. Entre acusaciones de pucherazo, irregularidades e intromisión no autorizadas en el censo y amenazas de acudir a los tribunales se han suspendido las elecciones primarias, previstas para celebrar entre hoy y mañana, como principal síntoma de la guerra intestina entre los dos sectores que rivalizan por el control del partido instrumental. Las elecciones iban a determinar qué corriente asumiría las riendas de En Marea, si la encabezada por el actual líder, Luís Villares, con su candidatura "Coidando a casa", o la de David Bruzos, "Entre todas", que agrupa a los críticos con la actual coordinadora y que cuenta con el apoyo de Podemos, Anova, Esquerda Unida y las mareas de A Coruña, Ferrol y Santiago. Pero la batalla ha quedado aplazada sin que por el momento se sepa exactamente cuándo se celebrarán las primarias. Mientras tanto, todo parece indicar que a la confrontación aún le quedan unos cuantos capítulos por escribir cuando apenas faltan seis meses para las elecciones municipales.
El proceso arrancó con incertidumbre, pues la noche del viernes la comisión de garantías, controlada por la coordinadora de Villares, dictaminó en una resolución la suspensión temporal de las primarias, aunque minutos después, el comité electoral, dominado por el sector crítico, contrarrestaba informando que las elecciones seguían adelante porque la comisión de garantías no tenía competencias para frenar las primarias.
Con este ruido de fondo, el proceso se inició con cierta normalidad a las nueve de la mañana de ayer, pero se paralizó a las once por orden del representante legal del partido ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez (miembro de la dirección y afín a Luís Villares), quien, en comparecencia pública, avanzó que estudian recurrir a los tribunales por la presunta intrusión no autorizada en el censo por parte de una persona del comité electoral, en el que diez de sus trece miembros pertenecen al sector crítico.
Rodríguez dio orden a la empresa encargada del sistema de votación telemática (Agora Voting) para que congelara el proceso y minutos después explicaba los motivos de su decisión. Alegó que en los últimos días se produjo un acceso "con engaño" y "sin autorización" al censo del partido instrumental y acusó directamente de ello a miembros del comité electoral, por lo que entiende que el proceso debe paralizarse al no contar con las "garantías" suficientes.
Añadió que ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por la posible vulneración del derecho a la intimidad de las personas inscritas en En Marea. Además, avanzó que la dirección del partido instrumental estudia recurrir a los tribunales ante una supuesta infracción del Código Penal.
Según Gonzalo Rodríguez, dicho acceso no autorizado al censo provocó que él mismo, como responsable legal de su custodia, no pudiese entrar al registro durante un período de 24 horas. "No sabemos qué pasó en ese momento en el censo, no sabemos si se exportó el censo, si se dieron altas o bajas", destacó, antes de acusar al comité electoral de "erigirse como única autoridad" en En Marea por encima de la comisión de garantías, lo que "va en contra de la separación de poderes".
Voto disconforme
La comisión garantías, a la que se atribuye la misión de velar por los derechos de los inscritos, debe estar conformada por cinco personas, pero ahora la integran solo tres, dos de ellas afines a Villares y otra cercana al sector crítico. Este último, Manuel Nogueira Pérez, expresó su disconformidad, mediante un comunicado, con la orden de paralización de las primarias por entender que tal decisión excedía sus competencias y que era responsabilidad del comité electoral.
Este mismo argumento lo usó David Bruzos, que compareció públicamente después de Gonzalo Rodríguez, aunque en otro local, arropado por gran parte de los miembros de su lista, para reclamar que continuaran las primarias. Bruzos niega que el sector crítico ejerza "control" sobre el comité electoral, a quien atribuye las competencias para determinar "si hay garantías o no" para desarrollar el proceso.
El candidato aseguró que no tuvo comunicación oficial sobre los motivos de la suspensión del proceso una vez ya empezado y señaló que la comisión de garantías "está funcionando de manera irregular" porque dos de sus cinco puestos están vacantes.
Por su parte, desde el inicio del conflicto, la candidatura de Villares se ha limitado a publicar un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresa su respeto a la decisión de la comisión de garantías.
