Una segunda oportunidad para galpones, garajes, pajares, cuadras, naves o casas asentadas en el medio rural. El PP ha presentado una enmienda a la Lei do Solo para permitir que las edificaciones existentes en suelo rústico que dispongan de licencia urbanística puedan ampliarse y cambiar de uso para el que fueron autorizadas o al que se destinaban habitualmente. Esta opción no estaba permitida por ley -otra cosa es lo que hacen en la práctica sus dueños-, pero a partir de enero tendrá cobertura legal, lo que les concede una vida extra a estas construcciones y más probabilidades de perdurar en el tiempo como locales de ocio y turismo, talleres artesanales o residencia.
Con esta modificación se pretenden varios objetivos. Por una parte, dar facilidades a la población asentada en el rural para explorar nuevas oportunidades en sus construcciones y contribuir a fijar su residencia. Y por otra, tal como explica el Partido Popular en la exposición de motivos de su enmienda, "intentar recuperar el patrimonio construido y aprovechar y poner en valor las edificaciones existentes, evitando nuevas construcciones".
Tal como está redactada la ley, una de las condiciones para permitir la ampliación de las edificaciones levantadas en suelo rústico es que conservaran su uso y actividad original. Sin embargo, la modificación propuesta por el PP abre el abanico de posibles usos, extendiéndolos a todos los regulados en el artículo 40 de la Lei do Solo, sin importar a que se dedicaba inicialmente la construcción.
En adelante, los dueños podrán ampliar hasta en un 50% el volumen de la edificación -eso sí, sin tocar la altura- y luego destinarla a "usos residenciales, terciarios o productivos, a actividades turísticas o artesanales y a pequeños talleres y equipamientos". En todo caso, las edificaciones deberán contar con licencia municipal, puesto que la enmienda no sirve para legalizar ninguna construcción existente en suelo rústico.
En otra enmienda a la misma ley que el PP tramitará conjuntamente con los presupuestos, se autorizará la externalización de las expropiaciones, de forma que la Xunta podrá contratar a empresas privadas para realizarlas. Esta misma opción se pondrá también a disposición de la administración local.
Estos dos cambios saldrán adelante dado que el PP tiene mayoría absoluta, pero está en duda lo que pasará con tres de ellas, ya que su camino depende de un informe de los servicios jurídicos del Parlamento. El PSdeG se ha quejado ante la Mesa de la Cámara de la introducción de estas modificaciones, dado que entiende que el PP no las podía presentar al estar totalmente desligadas de las propuestas impulsadas por la Xunta en el proyecto de lei de acompañamiento de los presupuestos.
Al no guardar relación alguna, los socialistas interpretan que no se pueden tramitar por esta vía. Se trata de cambios en la Ley de Caza y en el decreto que regula los centros de menores y atención a la infancia. Los socialistas denuncian que, al introducirse esas enmiendas sobre leyes previamente no modificadas, se impide a los grupos la posibilidad de, al menos, pronunciarse sobre esos cambios que se pretenden realizar.
