El descontento de los gallegos con los impuestos que pagan se traduce en un volumen cada vez mayor de reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR), un órgano independiente encargado de dirimir los conflictos tributarios entre los ciudadanos y la administración. En los últimos cinco años se incrementaron un 44 por ciento las quejas, de manera que en 2017 se batió un nuevo récord al llegar a las 18.898. Y además en buena parte de los casos estas reclamaciones están justificadas. De hecho, a la mitad se les da la razón. Pero es, sobre todo, en los impuestos autonómicos donde el tribunal económico tumba de forma mayoritaria el cobro de tributos liquidado por la Xunta. Ocurre con el el Impuesto de Sucesiones y Donaciones donde ocho de cada diez resoluciones son favorables al contribuyente.

De la misma manera este tribunal avala el 75 por ciento de las reclamaciones contra el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La razón que está detrás de este elevado porcentaje de reclamaciones contra la Xunta que son avaladas por el Tribunal Económico Administrativo es el polémico sistema de valoración de inmuebles de la Consellería de Facenda.

El Impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales -que grava la compraventa de pisos de segunda mano- se calculan en base al valor de los inmuebles afectados y es ahí donde surgen las discrepancias.

La Xunta empezó utilizando los precios medios de mercado, lo que disparó la tasación de los inmuebles. Las reclamaciones e incluso alguna sentencia desfavorable obligaron ya en 2015 a Facenda a corregir su sistema de valoración de inmuebles. Desde ese año, para los bienes de naturaleza urbana se utiliza el valor medio catastral sobre el que se aplica un coeficiente. Sin embargo, en los inmuebles rústicos se mantiene el método de precios de mercado cuestionado por el propio Ministerio de Hacienda y por el Supremo.

Esto explica también que Galicia sea la cuarta comunidad con más reclamaciones ante el TEAR, sólo por detrás de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Según la memoria de este tribunal, en 2017 les llegaron 18.898 demandas, un 10 por ciento más que el año anterior. Lograron resolver 14.903 y estimaron total o parcialmente más de 7.000.

Aunque el volumen más numeroso de reclamaciones se refieren al impuesto de la renta (4.940), el número de contribuyentes descontentos con el pago de este tributo descendió respecto al año anterior (157 menos) y siete de cada diez son desestimadas.

Sin embargo, las quejas contra Sucesiones aumentaron un 17 por ciento en el último año y llegaron a las 2.701. De las 2.371 que se resolvieron finalmente, un total de 1.948 fueron favorables al contribuyente.

Las reclamaciones contra el impuesto de Transmisiones Patrimoniales se mantienen, sin embargo, en torno a las 2.700. En 2017 se le dio la razón a 1.859 ciudadanos tras resolver un total de 2.471 demandas.