La mayor parte de las muertes que registran las cárceles ubicadas en Galicia, en la misma línea que en el conjunto de centros penitenciarios del Estado, no se producen por causa natural, sino que tienen detrás la incidencia de las drogas o el suicidio.

El último informe de mortalidad en prisiones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que analiza la situación en el año 2017, refleja que en las cárceles de A Lama (Pontevedra); Bonxe y Monterroso, ambas ubicadas en la provincia de Lugo; y Teixeiro (A Coruña), fallecieron un total de 13 reclusos.

La estadística menciona cinco centros penitenciarios en la comunidad que suman una población media que se aproxima a las 3.500 personas. Los más poblados son A Lama y Teixeiro, con más de 1.200 reclusos; mientras que las dos cárceles lucenses superan los 200 en cada caso.

La prisión de Pereiro de Aguiar, en Ourense, no alcanza los 300 reclusos; y el Centro de Inserción Social (CIS) de A Coruña tenía en 2017 unas 160 personas. En la estadística no figura que en estos dos centros hubiese fallecimientos en el pasado ejercicio.

Sí concreta que nueve de los 13 fallecidos el año pasado en A Lama, las dos cárceles lucenses y Teixeiro --casi un 70 por ciento del total-- no murieron por causas naturales. En seis casos, detrás del fallecimiento estaban las drogas, y las tres muertes restantes se corresponden con suicidios.

Por prisiones, las cinco muertes de A Lama fueron por causas no naturales --hubo un suicidio y las otras cuatro estuvieron ligadas a la reacción adversa a las drogas--; en Bonxe hubo un suicidio; en Monterroso tres fallecimientos, uno debido a causas naturales, otro por drogas y un tercero por suicidio; y en Teixeiro, tres muertes por causa natural y una cuarta vinculada con las drogas.

UNA SITUACIÓN QUE SE REFLEJA A LO LARGO DEL TIEMPO

En el conjunto del Estado, el año pasado hubo 147 fallecimientos y, en la misma línea que en Galicia, el 65 por ciento (58) no se debieron a causas naturales. Al margen de la reacción adversa a las drogas (28 de los casos) y de los suicidios (27), en el conjunto del Estado también se computó una muerte por agresión y dos accidentales.

Pero no se trata solo de un año concreto, sino que en ejercicios previos, en el caso de las prisiones gallegas, también fueron más numerosas las muertes no naturales que las naturales. Así lo reflejan los datos que figuran en una respuesta del Gobierno remitida en 2017 al Congreso ante una cuestión formulada por En Marea.

Según esta respuesta del Ejecutivo, a la que ha accedido Europa Press, en 2014 en las cárceles gallegas hubo cinco muertes, tres de ellas por drogas; en 2015, se computaron nueve fallecimientos, uno de ellos accidental y seis por drogas; y en 2016, siete muertes, de las que tres tuvieron detrás a las drogas y una cuarta se correspondió con un suicidio.

FACTORES DE RIESGO PARA EL SUICIDIO

El propio informe de Instituciones Penitenciarias refleja que las tasas de suicidio, aunque "sensiblemente inferiores" a las habituales en la Unión Europea (UE), son superiores a las de la población general para estos grupos de edad.

La causa radica, según constata, en que en la población reclusa se concentran "muchos de los factores de riesgo" que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asocia al suicidio, tales como la ruptura de relaciones y aislamiento social, problemas jurídicos, nivel socioeconómico bajo, así como el abuso de alcohol y drogas.

También se dan trastornos mentales, como depresión y esquizofrenia, así como trastornos de personalidad; además de la incidencia de enfermedades graves, tales como tumores o sida.

CASOS CON PETICIONES DE INDEMNIZACIÓN

En Galicia se han dado casos que incluso han derivado en peticiones de indemnización por parte de familiares. Es el caso de una vecina de Baiona (Pontevedra) que se suicidó en la prisión de A Lama, donde había ingresado después de tratar de suicidarse previamente arrojándose en su coche por un acantilado con sus dos hijas a bordo.

Aunque había estado incluida en el programa de prevención de suicidios, fue dada de alta por decisión de la junta de tratamiento, al entender que su evolución había sido buena.

Pero el 8 de julio de 2010 fue hallada muerta en su celda, ahorcada con el cinturón de su bata. La autopsia diagnosticó su muerte por asfixia a los 33 años de edad y se encontraron en su cuerpo restos de cocaína.

Así lo refleja el dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, y que responde a la petición de indemnización que formularon el marido y las dos hijas de la mujer. En él se rechaza la reclamación, se esgrime que "no se produjo funcionamiento anormal alguno" del servicio penitenciario y se concluye que la muerte de la interna "no es imputable al servicio público".

Los reclamantes habían defendido, sin embargo, que las autoridades penitenciarias "hubieran debido evitar la existencia de elementos peligrosos en la celda de una interna con sus antecedentes". Expusieron que resultaba "incomprensible", además, que estuviera sola en la celda y aportaron varios informes médicos de los que se desprendía que la mujer estaba en tratamiento psiquiátrico "desde cinco años atrás".

PERSONAL Y SERVICIOS SANITARIOS

Esta misma semana, varios sindicatos (Acaip, CC.OO., ATP, CIG, CSIF y UGT) trasladaban que este mes, en la cárcel de A Lama, habían salvado la vida de dos internos --uno de ellos había intentado suicidarse utilizando la sábana de su celda y el otro sufrió una sobredosis motivada por la mezcla de varios tipos de medicación--.

En declaraciones a Europa Press y con el colectivo de prisiones inmerso en una serie de movilizaciones que afectan a todo el conjunto estatal, José Carlos Moreno, de CC.OO., ha puesto el acento en la "falta de personal" y de servicios sanitarios, así como en el envejecimiento de la plantilla de los trabajadores de prisiones.

"Estas carencias afectan a todos los sectores: seguridad, personal laboral, de oficina, a los servicios médicos...", ha remarcado el representante sindical, que conoce de cerca la realidad de A Lama, y quien ha aludido a la "escasez" de psicólogos en el centro y a que solo hay un especialista en psiquiatría "externo" que trabaja "unas horas al mes".

También ha incidido en las problemáticas específicas que se dan dentro de las prisiones y que a veces "no llegan" a la sociedad. Por ejemplo, en relación a los casos de sobredosis, ha apuntado que la "falta de servicios médicos" hace que los fármacos "se repartan dos veces a la semana" y sean los internos los que se "autogestionen".

"Hay que tener en cuenta que se dan problemas de enfermedad mental y adicciones a sustancias. Tal y como está establecido el sistema es muy difícil que la medicación se la gestionen en tres tomas. *Qué ocurre? Pues que se la toman toda junta o la venden. De ahí a que haya casos de descompensación y sobredosis. Además, como en la calle, también hay drogas", ha lamentado.