A pesar de la mejora económica, los litigios exprés para reclamar deudas, como facturas por trabajos realizados no abonadas, han roto la tendencia decreciente de los últimos tres años y han repuntado durante la primera mitad de presente ejercicio. De hecho, cada mes llegaron a los juzgados gallegos 2.573 de estos procedimientos, antesala de un juicio y mucho menos costosos económicamente. Se trata de un 9,6% más que durante el mismo período del año pasado y coincide con el comportamiento estatal, que registró un aumento medio de casi el 19%. En todas las comunidades autónomas se incrementaron estas reclamaciones.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que en Galicia se registraron durante el primer semestre 15.438 monitorios, una fórmula de reclamación de deudas que se realiza en sede judicial, pero no precisa de abogado ni procurador ni conlleva pago de tasa alguna, lo que rebaja los costes para la empresa o particular que persigue satisfacer el cobro de un dinero pendiente.
Sin embargo, esta vía, no demasiado conocida socialmente, establece algunos requisitos, como la existencia de pagarés, recibos o facturas, sin los cuales no sirve. El monitorio permite "reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento", según reza la definición del CGPJ.
También reduce los tiempos de resolución de un juicio. Cuando el reclamante plantea el monitorio en sede judicial, el deudor puede alegar y, por tanto, dejar como única solución un juicio, pero si este último no comparece o no se opone a la exigencia del pago de la deuda, el juzgado de primera instancia ordenará un embargo hasta saldar ese compromiso. Si acepta el pago, dispone de veinte días para hacerlo efectivo y evitar esta última medida judicial.
El monitorio puede ser empleado por particulares, empresas o comunidades de vecinos y carece de un límite económico de actuación. En 2011 se anuló el tope de 250.000 euros para utilizar este mecanismo judicial, cifra que se había elevado poco antes desde los 30.000 euros fijados inicialmente.
Los dos últimos años se cerraron con descensos de estos procedimientos, según los datos del poder judicial, si bien estos varían al analizar el comportamiento de los primeros semestres de cada ejercicio.
El primer semestre de este año se registraron 15.438 monitorios en las cuatro provincias gallegas, 1.352 más que en el mismo período de 2017, rompiendo la tendencia de los tres últimos años.
En 2014 se produjo un repunte a mitad del ejercicio al pasar de 15.479 monitorios del primer semestre del año anterior a 18.562, pero desde entonces se inició una cuesta abajo con 18.182 al cierre de junio de 2015 y 15.358 de 2016, que al año siguiente se contrajeron hasta los 14.086.
El repunte de estas armas legales para reclamar deudas es generalizado a nivel estatal, donde destacan Castilla y León, con un incremento del 33%, y Euskadi, con apenas un 1,1% más.
En Galicia, sin embargo, la radiografía de los datos del poder judicial sitúan el foco en la provincia de A Coruña, causante de que las estadísticas se sitúen en niveles de hace dos años.
Los juzgados coruñeses registraron 6.710 monitorios entre enero y junio, 1.225 más que en el mismo período de 2017, lo que supone un aumento de más del 22%, que contrasta con el 8,6% más experimentado en Lugo (1.823 casos). La estadística prácticamente está congelada en Pontevedra, que apenas tiene constancia de 30 procedimientos más hasta sumar un total de 5.322.
Los juzgados de Ourense son los únicos de la comunidad en que se contraen estas estadísticas, al pasar de 1.631 a 1.583, lo que supone casi un 3% menos que durante el mismo período del año anterior.
