El Tribunal Constitucional anula dos preceptos de los actuales presupuestos generales, aprobados por el anterior Gobierno del PP para evitar la municipalización de servicios públicos. Rechaza que la subrogación de empleados de la ORA como la realizada en Santiago eleve el gasto, al tiempo que tumba otro precepto vinculados a a exigencias económicas a las administraciones.
