El pequeño concello ourensano de Os Blancos se hizo famoso durante la crisis económica cuando en 2011 su propio alcalde reclamó que fuese intervenido por otra administración estatal para superar su quiebra económica, algo que sucedió poco después. No cuadrar los números o pagar demasiado tarde a los proveedores abre la puerta a que un municipio reciba diferentes toques de atención, que pasan por la exigencia de recortes, retención de fondos o incluso un rescate en toda regla como el de Os Blancos. En Galicia, la Consellería de Facenda vigila las cuentas municipales para evitar situaciones como esas. Durante el tercer trimestre del año, 54 municipios estuvieron bajo su lupa, la mitad que el trimestre anterior.
El próximo mes de mayo se celebrarán elecciones municipales, por lo que alcanzar esa cita sin problemas económicos constituye uno de los principales objetivos de los alcaldes, si bien la situación general de la administración local en Galicia es positiva, sumando un superávit de 210 millones de euros el año pasado, el sexto ejercicio consecutivo con un balance de más ingresos que gastos.
Sin embargo, la legislación establece la obligación de evitar un déficit excesivo y pagar facturas a los proveedores en el plazo legal de un mes -período medio-, así como acometer planes específicos para reconducir posibles desvíos.
Facenda ejerce en Galicia la función de tutela financiera de las entidades locales, a modo de delegada del Gobierno central, que es el competente a la hora de imponer castigos.
En julio, agosto y septiembre, el departamento dirigido por Valeriano Martínez analizó 54 casos, si bien 24 de ellos se refieren a la petición de las liquidaciones presupuestarias correspondientes al año pasado, documento clave para analizar su realidad económica.
Doce concellos enviaron a la Dirección Xeral de Política Financieira, Tesouro e Fondos Europeos los informes sobre las medidas aplicadas para poder ajustar al límite medio de un mes en el pago de facturas. En el caso de Pontevedra se trata de Mos y Pazos de Borbén; en el de A Coruña, Santiago y Vilasantar; en el de Lugo, Cospeito, Meira y Riotorto; y en el de Ourense, A Bola, Esgos, A Gudiña, Porqueira y Riós. También envió información similar, pero vinculada a su morosidad Nigrán.
Facenda analizó también los planes económicos sobre el pago de facturas en tiempo de otros ocho concellos, entre ellos A Coruña y Ourense. Se trata de Montederramo, Pol, Ortigueira, Ponteceso, Riotorto y Xinzo da Limia. También se encuentran en este apartado vinculados a la necesidad de cuadrar balances Caldas de Reis, Outeiro de Rei, Muros, Sada, Cerceda, y San Sadurniño, Castro de Rei, Caldas de Reis, O Páramo, O Corgo y Foz.
Cambio en 2012
La vigilancia financiera de los municipios se extremó en 2012, año en que entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, norma que impuso el control del déficit público y el pago de la deuda como prioridades en sintonía con la reforma exprés de la Constitución pactada por PP y PSOE. Además, desde abril el plazo medio de pago de facturas se redujo a la mitad hasta los 30 días reales. Hasta entonces, se trataba de un mes sobre el papel, pero cuya cuenta atrás se activaba 30 días después de haber recibido la factura.
