Los ayuntamientos gallegos han clausurado otro ejercicio presupuestario con superávit y ya van seis años consecutivos cuadrando sus balances finales con más ingresos que gastos, convirtiéndose en las administraciones -junto con las diputaciones- que más contribuyen a la senda de estabilidad financiera, mientras que Gobierno central y las autonomías siguen incurriendo en déficit, aunque cada vez más próximo al equilibrio. El año 2017 se ha cerrado para los concellos gallegos con un superávit de 210 millones de euros, un volumen un 27% superior al registrado en 2016 con sus 165 millones. Sumado el resultado de las cuatro diputaciones provinciales, entonces los números negros alcanzan los 260 millones de euros correspondientes a las administraciones locales de la comunidad autónoma, un 11% más que el ejercicio anterior.
Los municipios ya contaban con cerrar con superávit, pero solo de 37 millones de euros, según el informe de liquidación presupuestaria elaborado por el Ministerio de Hacienda. Y al final casi sextuplicaron las previsiones, no por recortar los gastos programados, que prácticamente los ejecutaron al 100% -solo se quedaron 19 millones por debajo de los 2.235 contemplados-, sino por el sustancial incremento registrado en los ingresos, tanto por el mejor comportamiento de la recaudación procedente de los impuestos como por las mayores transferencias realizadas desde el Estado.
Los concellos contaban con llenar sus arcas con 2.272 millones de euros y finalmente les llegaron 2.426 millones, 154 más de los previstos (un 6,7% de incremento). De ellos, 30 tienen su origen en los impuestos directos, tanto los que cobra el Gobierno central como los propios ayuntamientos, como son el IRPF, el IBI, la viñeta de circulación de vehículos, el de plusvalías o el de actividades económicas. Había previstos 820 millones y al final obtuvieron 850.
En la recaudación de los indirectos y de las tasas los números iniciales aumentaron, pero levemente. Pero sí lo hicieron notablemente las transferencias corrientes y las de capital procedentes de otras administraciones, principalmente la estatal. Con respecto a las primeras, destinadas a financiar gastos corrientes, el año se cerró con 80 millones más de los calculados, mientras que con respecto a las transferencias de capital, aquellas destinadas a sufragar inversiones y obras, el importe final alcanzó los 145 millones de euros frente a la partida inicial de 99.
Esto ha permitido a los concellos gallegos, según el informe del Ministerio de Hacienda, cerrar el ejercicio 2017 de nuevo con superávit, en este caso por un importe de 210 millones de euros, 45 más que el balance de 2016.
Obviamente, son las ciudades, por su mayor presupuesto, las que más contribuyen al saldo positivo de las cuentas municipales. El Concello de Vigo declaró un superávit de 12,2 millones de euros, mientras que el de A Coruña lo elevó hasta los 18,3. El de Ourense se acercó a los 18 millones, mientras que el de Pontevedra se quedó en los 3,3; el de Santiago, en 7,9; el de Lugo en 6,4; y el de Ferrol, en 3,8.
Las diputaciones provinciales también realizaron su contribución. El desfase entre ingresos y gastos fue de 50 millones de euros, 18 menos que el importe del superávit alcanzado en 2016. Prácticamente ejecutaron todo el presupuesto de gasto y, al igual que los concellos, el mantenimiento de los números negros resultó de una mayor aportación del Estado de que la que contaban inicialmente. Era de 508 millones de euros y al final obtuvieron 555.
Sin embargo, este superávit no es de libre disposición de los gobiernos locales. Para gastarlo tienen que cumplir con una serie de requisitos impuestos por Hacienda, como que no consoliden gasto o que las inversiones sean sostenibles, aparte de solo poderse destinar a fines muy concretos. Esto en la práctica limitaba mucho el campo de acción, por lo que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) presionó para flexibilizar las condiciones. Ya con Cristóbal Montoro se consiguió que los alcaldes pudieran gastar su remanente de 2017 a lo largo de este año y el próximo, así como que ampliase el catálogo de actuaciones en las que poder invertir.
Y el pasado mes, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó al presidente de la FEMP, Abel Caballero, que la ley de presupuestos permitirá que el superávit de este año pueda ser utilizado el próximo ejercicio y además destinarse a más inversiones sociales y planes de empleo. Ahora está por ver si el Gobierno central es capaz de aprobar sus presupuestos.
