La Xunta ha activado por primera vez en su historia el mecanismo para declarar una finca en estado de abandono que, en última instancia, supondría acabar integrada en el Banco de Terras de Galicia para su posterior reasignación a un agricultor. Sin embargo, el expediente parece que no seguirá adelante dado que los propietarios se han apurado a limpiar el predio en el último momento, si bien esta intervención debe ser ahorra corroborada in situ por los técnicos de la Consellería do Medio Rural para que se pueda revertir la situación.

La declaración en estado de abandono es una herramienta de la que dispone la Administración autonómica desde el año 2011 en la Lei de Mobilidade de Terras, aunque su aplicación en la práctica resultaba inviable puesto que tenía que mediar un pronunciamiento judicial. Con la clasificación como finca abandonada, la Xunta podría actuar en ella o contra los propietarios, pero nunca se recurrió a este procedimiento debido a su complejidad e incierto desenlace.

Sin embargo, tras la ola de incendios del pasado octubre, el Gobierno gallego introdujo en el ordenamiento jurídico varios cambios para permitir, precisamente, un uso ágil y con las garantías jurídicas necesarias de la declaración en estado de abandono, tanto como herramienta para la prevención de incendios forestales como para actuar en fincas resultantes de concentraciones parcelarias cuyos dueños se desentiendan de ellas.

Y esta última opción es la que dio pie a la declaración de predio en estado de abandono, en el concello ourensano de Monterrei. El proceso arrancó en 2017, cuando un particular denunció el estado en que se encontraban varias fincas, que podrían incumplir la ley de 2007 de prevención de incendios por estar llenas de maleza.

Los técnicos de Medio Rural inspeccionaron el terreno y concluyeron que no se vulneraba esa ley, pero sí la de Mobilidade de Terras, pues había una finca ubicada en una zona de concentración parcelaria. En mayo de este año se inició el procedimiento administrativo para declarar la finca en estado de abandono. Se identifica a los propietarios, que son herederos, y el 12 de septiembre se les envía una notificación advirtiéndoles de que su parcela reúne los requisitos para ser declarada como abandonada, concediéndoles un plazo de un mes para que corrijan la situación antes de proceder a la apertura del expediente.

Dado que no hubo respuesta, el 1 de octubre se realiza una segunda notificación a los propietarios, esta vez de forma individualizada a los cuatro herederos.

Recurso al DOG

Como tampoco hubo respuesta, la Xunta recurre entonces al Diario Oficial de Galicia (DOG), publicando en su edición de ayer el anuncio de la notificación fallida a los propietarios y convocándolos en un plazo de 10 días. Y justo entonces se recibe una respuesta de los destinatarios en la que afirman que la titular catastral de la parcela ha fallecido y que los herederos ya han limpiado la finca.

Ahora, para que la situación revierta a su situación original, los técnicos de Medio Rural realizarán una nueva inspección para comprobar la veracidad de la comunicación y frenar el expediente de declaración de predio abandonado.

La Xunta quiso empezar a utilizar esta herramienta en las tierras objeto de concentración parcelaria ya terminada, dado que en estos trabajos se han invertido fondos públicos para reorganizarlas con el objeto de ponerlas a producir.

En caso de completar el proceso de declaración de finca abandonada, al propietario se le dan tres opciones a elegir. Limpiar directamente, que es lo que acaba de pasar en Monterrei; cederla temporalmente a una tercera persona para que la pueda cultivar; o incorporarla al Banco de Terras de Galicia. En este último supuesto, el propietario no pierde la titularidad del terreno, pero seguiría siendo el responsable de tener la finca limpia de maleza. Y si no cumple ninguna de las alternativas, entonces la Xunta recurrirá al régimen de multas para convencerlo.