Un mes después de que el Tribunal Supremo desautorizase a Pilar de Lara en el caso Pokemon al devolverle la pieza de Aquagest, la gestión de la juez vuelve a estar en el punto de mira. La magistrada que ha imputado en la mayor trama de corrupción destapada en Galicia a más de un centenar de políticos, funcionarios y empresarios se enfrenta ahora a un expediente disciplinario por retrasos injustificados y por una supuesta situación de abuso procesal.
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado incoar expediente disciplinario por supuesta "desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales" y "adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de mediación fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", según informaron ayer desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La acumulación de críticas del sector de la judicatura a la juez De Lara por los reveses judiciales en la Pokemon y la lenta instrucción de las macrocausas que instruye, una dilación que fue cuestionada por la propia Fiscalía Superior de Galicia y el Tribunal Superior de Xustiza ya en 2015 cuando la magistrada envío el grueso de la Pokemon a la Audiencia Nacional, llevaron al Poder Judicial a abrir una inspección extraordinaria sobre las investigaciones de la juez lucense.
La incoación del expediente se basa en las actas levantadas por el Servicio de Inspección del Poder Judicial en relación con la situación del juzgado, entre ellas la resultante de esa inspección extraordinaria realizada entre los pasados 21 y 31 de mayo.
De Lara ha instruido causas tan mediáticas como la Pokemon, la Carioca y otras en las que resultaron imputados destacados dirigentes políticos como el exalcalde de Lugo Xosé Clemente López Orozco o el exlíder del PSdeG Xosé Ramón Gómez Besteiro.
El último varapalo judicial a la magistrada Lara se produjo en septiembre, aunque no se hizo público hasta el mes pasado. Entonces la desautorización llegó vía Supremo, que rechazó derivar a la Audiencia Nacional una parte de Pokemon tal y como había reclamado la magistrada, a la que el Alto Tribunal devolvió la pieza de Aquagest desmontando la cuestión de confianza planteada por De Lara. La Sala de lo Penal del Supremo fue tajante: ni los hechos denunciados produjeron "perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia" -se limitaba a 17 ayuntamientos gallegos y 7 asturianos-, tal y como había alegado la juez en Lugo, ni han tenido "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional".
Ocho años después de que arrancase la instrucción de la Pokemon, la macrocausa sigue en fase de instrucción. Todavía no hay ninguna condena pero casi una decena de piezas separadas y derivadas a otros juzgados se quedaron por el camino, bien porque fueron archivadas o porque fueron frenadas por instancias judiciales superiores al no encontrar causas objetivas contra los imputados. Siete de estas piezas afectaban a cargos públicos en la comunidad gallega y otra implicaba al presidente de Cantabria y a un consejero.
