Camino de Santiago
Este año los inspectores de turismo han puesto el foco en el Camino de Santiago, los pisos turísticos y los establecimentos de ciudades y zonas costeras, además de la Ribeira Sacra.
La Xunta también les ordenó vigilar la actividad de los guías turísticos en los centros de mayor afluencia, para combatir y sancionar el intrusismo profesional.
A partir del uno de enero del próximo año, un inspector de turismo de la Xunta podrá ponerse en contacto con el dueño de una vivienda turística haciéndose pasar por un potencial cliente e interesándose por el precio del alquiler de la residencia y las fechas libres, y así cazar a un propietario que no ha dado de alta el inmueble en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia, creado en mayo de 2017. No tendrá que identificarse como inspector de turismo hasta el final.
La Xunta ha decidido cambiar la Lei de Turismo de Galicia para que los inspectores no tengan que presentarse como tales cuando acometan su trabajo de control.Podrán trabajar de incógnito para "no no se vea frustado de antemano" su trabajo y de este modo "hacer una correcta labor inspectora y, de ser el caso, sancionadora", explican desde el Gobierno autonómico.
"La identificación (como inspector) podrá ser posterior a la actuación cuando el adecuado desarrollo de la labor inspectora así lo requiera". Con este añadido en la ley, el Ejecutivo de Feijóo abre la puerta a que los inspectores trabajen bajo anonimato para un mayor y mejor control de la actividad turística en Galicia.
Su labor no se circunscribe al fraude en los pisos de alquiler vacacional, pero este año en la Xunta han puesto el foco en él. Además es más factible que un inspector pueda ocultarse como tal para comprobar que el piso turístico opera bajo la legalidad, pero más difícil si el control es, por ejemplo, en un hotel.
En Galicia, hay 6.500 viviendas destinadas a alquiler turístico. Ofertan 34.000 camas, según datos oficiales. Ya representan el 60% de las plazas hoteleras de la comunidad.
Las sanciones para los propietarios de viviendas de uso turístico que no se hayan dado de alta pueden oscilar entre los 300 y los 9.000 euros. En caso de reinciencia, la multa puede dispararse hasta los 90.000 euros.
Más datos
Además en la lucha contra el fraude, los inspectores de turismo podrán a partir de ahora solicitar, y deberán aportársela, información en registros de carácter público o en bases de datos de diferentes administraciones. Esta es otra de las novedades de la reforma legislativa, que impulsa la Xunta a través de la Lei de Acompañamento de los Presupuestos de 2019. Por ejemplo Hacienda o el Registro de Propiedad deberán informar a los inspectores, si ellos se lo requieren, quién es el propietario de un inmueble destinado a fines turísticos o el titular de un hotel o camping.
La intención, explica la Xunta, es que los inspectores de turismo puedan "obtener datos fiables" como ya hacen ahora los inspectores de otras áreas, por ejemplo, los de Consumo.
El Gobierno de Feijóo ha decidido cambiar otros seis artículos de la Lei de Turismo a través de la Lei de Acompañamento. Por ejemplo se impone a las empresas que organizan actividades de turismo activo la obligación de suscribir seguros de responsabilidad civil.
También se modifican aspectos de la señalización de, conservación y mantenimiento del trazado de los Caminos de Santiago.
