Los ayuntamientos dispondrán de más fondos para gastar en vísperas de las elecciones municipales de 2019. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que a ley de presupuestos permitirá que el superávit de este año pueda ser utilizado el próximo ejercicio y destinado a más inversiones sociales y planes de empleo.

"Es un avance muy importante", celebró el también alcalde de Vigo, quien con la presión ejercida desde el órgano de poder local logró que el exministro Cristóbal Monto permitiese a los alcaldes que gastasen su remanente de 2017 a lo largo de este año y el próximo, así como que ampliase el catálogo de actuaciones en las que poder invertir. "Ya está prevista una primera ampliación de los usos en gasto social, de empleo y de vivienda pero creemos que hay margen para más", reivindicó ayer Caballero.

A los fondos extra que dispondrán los ayuntamientos el próximo año al poder invertir el superávit que logren durante este ejercicio se suma lo que todavía no hayan gastado de los ahorros de 2017.

La ministra de Hacienda anunció ayer a Caballero que en menos de 15 días convocará el grupo de trabajo sobre el techo de gasto y la regla de gasto. "Es una cuestión que queremos que sea retroactiva para que tenga efectos en 2018", dijo Caballero sobre la regla de gasto.

Montero también les confirmó que en 2019 los ayuntamientos ya dispondrán de la recaudación total anual del IVA, y no solo de los once primeros meses, como se había planteado en un principio. En el caso de Vigo supondrá un ingreso de 3 millones de euros.

Durante la reunión también se abordó la reforma del impuesto de plusvalía por la que se tumba el tributo en las operaciones que no generan beneficio alguno para el propietario (ventas d episos o locales comerciales, herencias, donaciones o permutas). La minitra propuso, una vez aprobada la nueva regulación, constituir un grupo de trabajo para tratar las devoluciones a los contribuyentes afectados así como la forma de resarcir a las administraciones locales por la disminución de ingresos. Vigo recauda 3 millones de euros por este concepto.