La reforma del bono social eléctrico ha dejado a más de 180.000 hogares gallegos sin el descuento del 25 por ciento del que venían disfrutando hasta ahora en su factura de la luz. Con el viejo modelo se subvencionaban en Galicia 230.000 contratos, según los datos suministrados por la principal comercializadora de la comunidad, Naturgy. Sin embargo, a finales del pasado año entró en vigor un nuevo sistema de ayudas, que introduce criterios de renta más restrictivos, y se dio un plazo a los beneficiarios para tramitar la renovación del bono social si querían mantener las bonificaciones. Este plazo finalizaba el 8 de octubre y una vez vencido, el número de hogares que disfrutan de rebajas en su factura de la luz se ha reducido a solo 48.132, es decir, a una quinta parte.
Esto significa que más de 180.000 hogares gallegos verán incrementado su recibo de la luz ya en esta mensualidad porque se han quedado sin descuento. En todo caso, y ante el bajo número de beneficiarios, el Ministerio de Energía ha decidido ampliar por segunda vez el plazo para tramitar la renovación -ya se había prorrogado del 10 de abril al 8 de octubre-. Solo que, a diferencia de la primera prórroga, en la que se mantuvieron los descuentos hasta este mes, ahora esta bonificación desaparece definitivamente de las facturas eléctricas de aquellos consumidores que no hayan renovado el bono social o bien que no cumplan los nuevos requisitos de renta.
Eso sí, según informan desde Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), si ahora aprovechan el plazo extra para pedir la renovación antes del 31 de diciembre y finalmente se acepta su solicitud, se le aplicará el descuento con efecto retroactivo desde el 8 de octubre.
Entretanto, y con el recibo de la luz cada vez más caro, solo 48.232 hogares gallegos disfrutarán de bonificaciones. En la provincia de A Coruña se aprobaron 20.785 bonos eléctricos, en Pontevedra 15.947, en Ourense 7.772 y en Lugo 3.728. Tras la reforma de las ayudas, la bonificación podrá elevarse hasta el 40 por ciento en el caso de las familias más vulnerables.
Hay dos razones que explican el bajo número de beneficiarios. Por un lado, los criterios más restrictivos de renta y, por el otro, la dejadez o el descuido de muchos beneficiarios que no tramitaron la renovación del bono social.
El antiguo sistema de ayudas contemplaba descuentos del 25 por ciento para cuatro colectivos: hogares con todos los miembros en paro, casas con una potencia contratada menor a 3 kilovatios por hora, familias numerosas y mayores de 60 años con pensión mínima de jubilación, invalidez o viudedad.
El nuevo bono social permitirá disfrutar de ayudas a todas aquellas viviendas con hasta 10 kilovatios por hora de potencia contratada, pero siempre bajo unos límites de renta que varían en función del tamaño del hogar o de que haya miembros con alguna discapacidad. Y puede ocurrir, por ejemplo, que antes una familia se estuviese beneficiando simplemente por tener menos de 3 kilovatios por hora de potencia contratada y ahora quede fuera por superar los ingresos.
Las familias numerosas tienen el bono social asegurado al igual que antes. Pero, en el caso de las pensiones mínimas de jubilación e invalidez se eleva la edad a los 65 años y se suprime como beneficiario al colectivo que cobra pensiones de viudedad.
Naturgy no informa del volumen de peticiones rechazadas porque asegura que reciben solicitudes por distintos canales y aclaran que se limitan a aplicar los criterios fijados por el Gobierno.
Puede ocurrir, en todo caso, que haya potenciales beneficiarios que sí cumplen los requisitos y hayan perdido el descuento por no tramitar la renovación. Para ello se les pide fotocopia del DNI y certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar, libro de familia y además la declaración de la renta o acreditación de que cobran la pensión mínima.
