La Dirección Xeral de Patrimonio reducirá su presión y control sobre las obras de rehabilitación y restauración de inmuebles catalogados con algún tipo de protección. Dejará de ser el ojo vigilante que con su minuciosidad y celo protector bloquea o demora miles de expedientes, sobre todo en los núcleos históricos, porque el cambio del tejado no se ajusta a los requisitos o la madera de las escaleras no es la apropiada. La futura ley gallega de rehabilitación y regeneración urbana supondrá una pequeña revolución al liberar del ahora obligatorio informe previo de Patrimonio a todas las rehabilitaciones que se realicen en Galicia, salvo en el caso de que los edificios estén catalogados con protección integral o tengan la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

En los demás casos -siempre de edificios con algún tipo de protección, que es donde interviene la Xunta-, el papel de Patrimonio queda anulado y bastará solo con la licencia municipal para realizar las obras, lo que afectará, según las estimaciones de la Xunta, a más de 3.500 viviendas anuales.

Esta modificación legal se recoge en el anteproyecto aprobado ayer por el Consello de la Xunta que ahora se remitirá al CES para su evaluación, con la previsión de poder remitirlo al Parlamento antes de que acabe el año. Los cambios afectarán a toda Galicia, incluidos el entorno del Camino de Santiago y los cascos históricos de las ciudades. Es más, tendrán prevalencia sobre los planes especiales municipales para estas zonas, a pesar de la máxima protección que tengan, ya sea la nuez de Santiago o el interior de la Muralla de Lugo, ambas Patrimonio de la Humanidad.

"Le hemos dado una vuelta a la ley para agilizar la rehabilitación y la recuperación de cascos históricos o núcleos y Patrimonio tendrá que informar entre un 30% y un 40% menos de expedientes", aseguró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Pero además de simplificar los trámites administrativos, la reforma va más allá, en un intento de facilitar las obras a los propietarios, permitiendo el uso discrecional de materiales para abaratar costes y hasta la modificación de la propiedad horizontal, siempre y cuando cuenten con el aprobado del ayuntamiento y de las comunidades de vecinos.

Así, entre otras consideraciones, la reforma legal permitirá que se puedan unir viviendas de edificios diferentes, agrupar locales comerciales, autorizar que un portal sea el acceso a varios edificios o vaciar total o parcialmente una construcción, actuaciones prohibidas actualmente, sobre todo con más rigor en los cascos históricos.

También queda a juicio de los propietarios la rehabilitación del interior de los edificios, pudiendo utilizar el hormigón o cualquier tipo de material más económico, pero conservando las fachadas.

"Es un planteamiento más racional", indicó Feijóo, que se aplicará incluso en las zonas históricas más protegidas de las ciudades, a excepción de los inmuebles catalogados como BIC o con protección integral.

En la nueva ley se incluirá además una tipificación específica por los daños causados al patrimonio. Aparece la figura de la pintada o el grafiti, acciones sancionadas con hasta 150.000 euros. Si se realizan en el entorno de un edificio BIC, la multa oscilará entre los 300 y los 1.000 euros. Si la pintada se ha hecho en el propio BIC, como la realizada en la catedral de Santiago, entonces la sanción arranca en 6.001 euros y puede llegar a los 150.000.

"Es una de las leyes más importantes que se prevé aprobar en esta legislatura, suprimirá trabas y dificultades para quien acomete actuaciones de rehabilitación y garantizará también cualificación técnica en las intervenciones", concluye la Xunta.