La política de créditos y avales concedidos por el Igape a las empresas durante la crisis para paliar las restricciones en la concesión de financiación por las entidades bancarias ha agujereado las arcas públicas. Y el goteo de euros perdidos continuará los próximos años. La Xunta estima que 53,2 millones adeudados al Igape son "de dudoso cobro", según la Conta Xeral que fiscaliza la contabilidad pública del pasado ejercicio. Supone casi la mitad de los 109,8 a los que asciende la cifra en tela de juicio ante las dificultades de las firmas receptoras de dinero público. Otros 56 corresponden a Xestur y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). El Igape ya embargó propiedades por impagos, pero nunca los había subastado para recaudar fondos.
En la actualidad, los préstamos vivos concedidos suman 122,5 millones, a los que se suman otros 123,4 en avales, de los que 80,3 son "de riesgo", según el informe del instituto dependiente de Economía al cierre del primer trimestre de este año. Veinticinco de las firmas beneficiadas no habían amortizado ni un euro en septiembre del año pasado de una deuda conjunta de 26 millones. La exposición a las pérdidas por esta política motivó que el Igape cortase el grifo de créditos y avales en 2013 y 2014, abriéndolo de nuevo un año después.
