El juicio que arrancaba esta mañana contra el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco en la Audiencia de Pontevedra queda aplazado hasta el próximo lunes tras una mañana en la que el histórico narcotraficante gallego no ha prestado declaración y se han resuelto las cuestiones previas. Miñanco está acusado de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de diez millones de euros.
El abogado de Miñanco, Gonzalo Goye, apuntó antes de iniciarse la vista que su cliente ha desayunado bien esta mañana y que afronta el juicio con entereza. Sito Miñanco llegó a las 10 de la mañana a la Audiencia Provincial.
La vista, fijada inicialmente para el pasado marzo, se suspendió después de que los abogados de Miñanco solicitasen la recusación de dos de los tres magistrados que integran el tribunal al entender que estaban "contaminados" por haber tomado decisiones sobre esta causa en el pasado y que no podría garantizarse su imparcialidad. Esta petición, sin embargo, fue rechazada posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que decretó la reanudación del juicio.
Junto a Sito Miñanco se sentarán en el banquillo de los acusados otras cuatro personas, su primera esposa, una de sus hijas, y un empresario que, según el fiscal, habría actuado como testaferro del narcotraficante pontevedrés.
La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, diez millones de euros mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo.
La agencia se hizo de esta manera, según los investigadores, con un multimillonario patrimonio compuesto por más de 50 fincas, una veintena de casas, naves industriales, bajos comerciales, garajes y trasteros, utilizando el dinero derivado de las actividades ilícitas de Sito Miñanco.
Desde 1988, año en el que esta compañía adquirió una veintena de propiedades, la inmobiliaria habría comprado diferentes bienes durante todos los años de su actividad, a excepción de un pequeño parón a principios de los años noventa. Varias de estas propiedades, además, fueron adquiridas por una sociedad filial de la inmobiliaria y por algunos de los acusados a título personal.
