Falta de pruebas y de testigos. Son los dos elementos claves que hacen que nueve de cada diez delitos de incendios forestales investigados en Galicia queden impunes, bien por dar carpetazo a la causa sin llegar a sentar en el banquillo a ningún sospechoso o bien por la absolución de los investigados debido a la ausencia de pruebas incriminatorias. Los grandes fuegos que devoraron el monte gallego desde la ola de 2006 y que dejaron ya 11 muertos se saldaron sin culpables. En la lista de incendios con víctimas mortales que no se tradujeron en condena alguna están los ocurridos en Cerdedo, Campo Lameiro o Fornelos de Montes.

El último desastre natural en los que se resuelve con el archivo de la causa es el de Chandebrito (Nigrán), ocurrido el 15 octubre del año pasado y en el que dos octogenarias murieron calcinadas en su furgoneta cuando huían a casa de un familiar. Aunque el juzgado que lleva este proceso sobre una de las zona cero de los fuegos de hace un año y que se convirtió en una ratonera para cuantos intentaron huir de las llamas que cercaron la parroquia está a la espera de recibir el resultado de las pruebas periciales, técnicamente se da por archivado para evitar que corran los plazos, según explican desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Una vez los reciba, el juez podrá reabrir la investigación o archivarla de manera definitiva.

Otras dos causas por la ola de incendios de 2017, en ambos casos sin víctimas, también se acaban de cerrar sin condena alguna. Se trata del fuego en Mogardáns (Gondomar), que se saldó con la detención dos hermanos a quienes tras tomarles declaración. Tras estudiar las pruebas, el proceso se sobreseyó provisionalmente y se archivó por falta de indicios suficientes contra ellos. Entre los informes figura el análisis forense al que fueron sometidos para confirmar sus condiciones físicas e intelectuales. La Guardia Civil les había arrestado por un incendio que calcinó cerca de 1.500 hectáreas desde la parroquia del Val Miñor hasta Vigo.

El tercer procedimiento archivado corresponde al fuego en Baiona, que amenazó decenas de viviendas y redujo a cenizas dos de ellas.

Es la tónica habitual. La ola de incendios de 2006 se saldó con 58 detenidos, pero el 60% fueron absueltos o su causa fue sobreseída y solo dos fueron condenados a prisión. La mayoría de los procesos se resolvieron con el pago de una multa. Tres ingresaron en un centro psiquiátrico y otros tres fueron derivados a centros de menores.

Los fuegos de aquel verano negro dejaron cuatro muertos: madre e hija atrapadas por las llamas en Cerdedo, un vecino de Campo Lameiro víctima de ese mismo foco y otro hombre de A Cañiza, que falleció en el hospital por las quemaduras sufridas al tratar de apagar un incendio próximo a su vivienda. Por estos cuatro desastres naturales con víctimas mortales, solo hubo un arrestado que fue absuelto por falta de pruebas.

En 2010, dos brigadistas encontraron la muerte en un incendio intencionado por el que se abrió una investigación que en un principio imputó a cuatro personas -el supuesto autor del incendio y a los responsables de la cuadrilla y jefes de los fallecidos-. La causa se cerró al no apreciar infracción criminal ni falta de seguridad en el operativo y la maniobra para afrontar el fuego, sino que fue un accidente debido al cambio repentino en la velocidad y dirección y a la desacertada decisión de las víctimas de escoger la vía de escape.

A la lista de fallecidos se suma un piloto de una avioneta antiincendios en Monterrei en 2011. La aeronave tardó diez minutos en llegar al lugar del fuego y en realizar la primera descarga, que también fue la última, porque el aparato no remontó vuelo. Se cree que el avión sufrió una avería. En 2004, cayó a tierra otra aeronave en Beariz provocando la muerte del piloto. Con el mismo desenlace acabaron sendos accidentes en los servicios antitiincendios en 2005 en Beariz y Mondariz.