Las excavadoras y las palas de la Xunta no dan tregua a las construcciones ilegales que siguen en pie por toda la geografía gallega. Desde alpendres, galpones o cabañas de madera y caravanas, hasta viviendas unifamiliares o naves levantadas en suelo rústico o zonas de costa no edificables son el objetivo a tumbar para combatir las irregularidades urbanísticas que durante décadas se rigieron por la disciplina municipal del ti vai facendo. Pero desde la creación en 2008 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, los inspectores peinan la comunidad de norte a sur para ordenar el territorio y garantizar la reposición de legalidad urbanística. En el primer semestre de este año, fueron reducidas a escombros 125 edificaciones ilegales, lo que supone una media de una cada dos días y el cuádruple de los derribos ejecutados en Galicia en todo 2010 y el 61% de los acometidos el año pasado -un total de 205-. El importe medio de cada multa que notifica la Xunta por irregularidades urbanísticas superan los 2.600 euros.
No hay semana en Galicia en que la APLU ordene la demolición de una vivienda, nave, cobertizo o galpón. Entre enero y agosto, el equipo de la agencia autonómica de urbanismo realizaron un total de 477 inspecciones y abrieron 426 expedientes por irregularidades bien en suelo rústico o en zona de costa, según el balance facilitado por Medio Ambiente. El primer aviso al propietario llega en forma de multa, pero al final no le quedará otra que la demolición.
En los últimos cinco años se han reducido los casos de derribos que llegan a los tribunales. Uno de los motivos es la concienciación de los dueños. Pero la razón de mayor peso para evitar pleitear con la Administración es la económica, ya que si el propietario ejecuta la demolición de manera voluntaria se evitará las sanciones que aumentan a medida que el expediente de derribo avanza. La batalla en los tribunales puede superar los diez años y las sanciones van de los 1.000 a los 10.000 euros.
El infractor que acata la orden de reposición de la legalidad urbanística tiene una bonificación en la multa del 80%. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer un serie de multas coercitivas para forzar al propietario a cumplir la orden. Y si las sanciones tampoco surten efecto, es en última instancia cuando interviene la Xunta -en suelo no urbano- o los ayuntamientos -en el resto- para ejecutar la demolición de forma subsidiaria, reclamando los gastos a posteriori.
En el primer semestre del año, tan solo se realizaron cuatro derribos de manera subsidiaria frente a los ocho del mismo periodo del año anterior.
Del departamento de la APLU salieron entre enero y junio de este año un total de 199 multas coercitivas, un 14% menos que las 232 interpuestas durante el primer semestre de 2017. El importe de las sanciones por irregularidades urbanísticas destapadas este año supera los 527.000 euros, lo que supone una media de 2.650 euros cada infracción notificada.
