El Consello Económico e Social de Galicia (CES) ha elaborado el primer estudio de España sobre las consecuencias del Brexit, en el que se señala que, en la comunidad autónoma, los sectores textil y pesquero serían los más afectados por una ruptura abrupta. En todo caso, se indica que Galicia figura entre las comunidades autónomas con menores consecuencias derivadas de la salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea, pero que todos los agentes sociales y económicos deben estar preparados.

El informe no mide en términos absolutos el impacto del Brexit para la economía gallega, sino que señala el grado de exposición de las distintas área de actividad en cinco escenarios futuros, imposible de determinar cuál será el acertado a esas alturas y tal como marchan las negociaciones. De hecho, para esta pasada noche se esperaba una reunión crucial entre los líderes de los Veintisiete para decidir sobre las conversaciones.

"El estudio se realiza en un momento en el que la fase decisiva del Brexit está a punto de comenzar y, por tanto, la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones impide conocer con exactitud el impacto de las mismas en nuestro territorio. Por eso este informe se centra en el grado de exposición de Galicia ante el Brexit", declaró la presidenta del CES, Corina Porro. "Pero dejamos una base sólida para que no haya que empezar de cero con los estudios cuando se produzca la desconexión. El trabajo ya está hecho y solo habría que adecuarlo al escenario de desconexión", añadió Porro en el acto de presentación del análisis.

La principal conclusión es que el Brexit, aún en el peor de los escenarios, no producirá "impactos extremadamente negativos" en la comunidad gallega. "Galicia no es la que mayor grado de exposición muestra respecto de una retirada del Reino Unido de la Unión Europea", se recoge en el análisis.

La gallega sería la tercera comunidad con menores consecuencias. Solo tendría expuesto el equivalente al 0,57% de su PIB, solo por encima de Canarias (0,51%) y Castilla y León (0,54%).

El director del estudio, Fernando González Laxe, identificó, en todo caso, como los sectores más afectados el de la exportación de ropa y la importación de pescado. Los demás se verían también expuestos, pero en menor medida, aunque todos ellos estarían condicionados por el establecimiento de nuevas condiciones, normas y controles para el intercambio de productos y servicios. "El grado de exposición de Galicia en términos cuantitativos no es muy alto, pero en términos cualitativos se marca una cierta sensibilidad", indicó Laxe, en el sentido de que un eventual desencuentro total entre Reino Unido y la UE -conocida como teoría del precipicio- supondría un endurecimiento de las condiciones de exportaciones de los productos gallegos y la imposición de controles, homologaciones y trámites burocráticos más estrictos, frente a la libre circulación actual, con implicaciones tanto para bienes y alimentos de carácter agrario como para servicios financieros o comerciales.

El mercado británico absorbe un 6,55% del total de las exportaciones de productos gallegos, siendo el cuarto país por detrás de Francia (18,8%), Portugal (12,6%) e Italia (9,3%), entre las que destacan el comercio textil, confección y calzado, que representa el 41,2 %, seguido de automoción, que supone un 23,2 % y, en menor medida, combustible, piedra y conservas de pesca. "En este contexto, la empresa gallega más expuesta, por una razón de tamaño, sería Inditex, con 103 tiendas en suelo británico", se recoge en el informe del CES.

Como segundo sector más expuesto aparece la automoción, pero sumado al textil, entre ambos representan tan solo el 4% de todas la actividad exportadora de Galicia al Reino Unido, país que no es destino preferente de los coches fabricados en Vigo.

En cuanto a las importaciones, la pesca sería la rama con mayor riesgo, pero también limitado, dado que el volumen de compras al Reino Unido solo representa el 1,57% de las importaciones de Galicia. De ese volumen, el 28% corresponde a productos del mar, singularmente adquiridos por empresas radicadas en la provincia de Pontevedra. Pero el riesgo no es tanto por el acceso al recurso como por otras cuestiones, como tener que renegociar un nuevo acuerdo para la flota de las islas Malvinas, por ejemplo.