A pesar de que los juzgados gallegos tratan de recuperar el trabajo atrasado durante la huelga de los funcionarios de Xustiza que colapsó el sistema de febrero a mayo, el paro tuvo efectos en las estadísticas. Si la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial revelaba en un estudio que la protesta hacía caer a la mitad los desahucios dictados por el impago del alquiler, el organismo publicó ayer su informe "Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2018", en el que también se reflejan las consecuencias del paro de los 2.700 empleados públicos de la Administración de Xustiza -gestores, tramitadores y personal de auxilio- con el que reclamaban un incremento salarial a la Xunta y otras peticiones. La suspensión de 20.000 juicios en ese período no impidió que de abril a junio el número de casos ingresados se redujese, aunque la subida fue leve con un aumento del 2% con un total de 84.922 conflictos.

Donde más se notó el paro de los funcionarios es en la bolsa de asuntos pendientes, que repuntó casi el 30%, al pasar de 117.280 a 151.063 casos en un año. De hecho, la tasa de pendencia -el cociente entre los litigios sin resolver al final del periodo y los resueltos en ese período- es de 2,19 puntos, casi un 60% por encima de la registrada en el segundo trimestre del año pasado. Los efectos de la huelga también se perciben en la situación de colapso judicial, ya que el índice de congestión -la proporción entre los casos cerrados respecto a la suma de los ingresados y los que quedan sin resolución- se sitúa en un 3,20%, lo que implica que los tribunales de la comunidad están más saturados que hace un año, hasta un 30% por encima de la tasa de 2017.

Aunque los órganos judiciales siguieron ingresando asuntos durante los meses de huelga, la falta de funcionarios para realizar los trámites influyó en la acumulación de conflictos a la espera de sentencia y en el nivel de resolución. En este sentido, el número de litigios cerrados rozó entre abril y junio los 69.000, casi un 20% menos que los 84.991 zanjados en el mismo período del ejercicio anterior. La misma idea se confirma a través de la tasa de resolución -los asuntos con dictamen respecto al total de los recibidos-, que en el segundo trimestre fue del 0,81%, también un 20% por debajo del dato del año pasado. De los casi 68.900 casos resueltos, la tercera parte -unos 18.700- derivaron en fallos judiciales, pero por el descenso generalizado de los conflictos con resolución, la tasa de sentencia se redujo en un 13%.

Por jurisdicciones, el volumen de conflictos ingresados aumentó en todas salvo en los juzgados de lo Penal, que recibieron un 6% menos de casos en el segundo trimestre bajando hasta los 34.920. En cuanto a la resolución, el descenso más acusado se dio en los tribunales de lo Contencioso-administrativo, donde se abordan litigios entre ciudadanos y la Administración, con casi 1.200 conflictos a los que los jueces dieron carpetazo, la tercera parte respecto a un año.

Y en lo que se refiere a los asuntos pendientes de resolver al final del segundo trimestre, la jurisdicción Civil fue la más afectada por el paro de los funcionarios de Xustiza. Tanto que los tribunales de Primera Instancia e Instrucción, Familia, Violencia contra la Mujer o Mercantil tenían sin resolver a finales de junio 76.331 litigios, un 41% más que hace un año y diez puntos más que el incremento en los órganos judiciales de la comunidad. Los juzgados de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo se acercan más a ese aumento de casi el 30% en Galicia, con subidas del 25% en ambos casos. Sin embargo, en la jurisdicción de lo Social, que trata conflictos laborales entre empresarios y trabajadores como despidos, aunque también repuntaron en el segundo trimestre los litigios sin resolver, la subida se quedó en el 5%, lejos del colapso del resto de tribunales.

El atasco judicial debido a la huelga se aprecia también en la comparación entre Galicia y la media nacional. Aunque en España se zanjaron un 2,6% menos de asuntos, es una caída poco significativa respecto al 20% en la comunidad gallega. Lo mismo ocurre en la bolsa de casos acumulados en los juzgados, que a nivel estatal creció un 11,4% pero se queda bastante por debajo del 30% que supone la subida en Galicia.

Por otra parte, la tasa de litigiosidad en la comunidad se situó en el segundo trimestre en 31,4 asuntos por cada millar de habitantes, nueve puntos más que el año pasado en las mismas fechas, si bien se coloca en la mitad de la tabla por autonomías y casi tres puntos por detrás de la media española del 33,9%.