En marzo de 2015 la Xunta aprobó un decreto cuyo objeto era facilitar la apertura de gasolineras independientes y así intentar abaratar los precios del combustible en Galicia, el más caro, singularmente el gasoil, de la España peninsular porque además sufre el recargo del céntimo sanitario por parte de la Xunta. Sin embargo, cuatro años después la medida no ha dado todos los resultados esperados y adolece de "ciertas ineficiencias", entre ellas un largo trámite burocrático que provoca "demoras injustificadas" en el inicio de la actividad de nuevas estaciones de servicio. Por eso, ahora ha iniciado el proceso formal para modificar el decreto con el que se pretende reducir los plazos de tramitación. Para ello, sustituirá el sistema de autorización, que es el que funciona actualmente como paso último antes de abrir una gasolinera y además es más complejo, por el más simple de comunicación previa, en el que la empresa garantiza que cumple con todos los requisitos para poder empezar ya a operar.

Para abrir una gasolinera se requiere de media un año de tramitación administrativa, dado que hacen falta informes sectoriales de Medio Ambiente y de Carreteras, además de la licencia municipal y la inscripción en un registro de la Xunta, así como la autorización final por parte de la Administración autonómica. Y eso aplicando el decreto de 2015 por el que se agilizaban los procedimientos al integrarlos. Pero aún así el ritmo de apertura de estaciones de servicio independientes ha quedado por debajo de las expectativas. "La experiencia de los primeros años de aplicación ha puesto de manifiesto ciertas ineficiencias que es necesario corregir para que el procedimiento integrado sea aún más ágil", expone la Consellería de Economía, Emprego e Industria en el documento de consulta pública que inicia el trámite para cambiar el decreto.

Con esta norma que ahora se pretende modificar se abrió una gasolinera en 2015, siete en 2016 y quince en 2017 -23 en total-, mientras que otras once estaciones siguen a la espera de concluir una tramitación administrativa en la que concurren los concellos, la Xunta y el Gobierno central.

De las 715 gasolineras que operan en la comunidad autónoma, solo 174 son independientes. Por tanto, las operadoras con bandera representan el 76% del total en Galicia, cuando en el conjunto de España suponen el 68%.

La Xunta sostiene que el aumento del número de estaciones independientes, automáticas, de cooperativas o asociadas a grandes superficies es la clave para abaratar el precio del combustible, pero que en una proporción del 24% resulta todavía insuficiente para conseguir el efecto deseado, como consideran también la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) y el Consello Galego da Competencia.

De la misma forma, rechaza que el llamado céntimo sanitario, un impuesto regulado por el Estado pero que las comunidades autónomas pueden aplicar o no, tenga responsabilidad alguna en los altos precios que se pagan por el combustible en Galicia. Y eso que la comunidad gallega tiene implantado el tipo máximo, que grava con 4,8 céntimos cada litro de gasolina y gasoil.

El caso es que una de la razones que impide agilizar la apertura de gasolineras independientes es el procedimiento de autorización y de inscripción en el Rexistro de Instalacións de Distribución polo Miúdo de Produtos Petrolíferos Líquidos. "Esto supone demoras injustificadas en el inicio de la actividad de las instalaciones de distribución que están listas para entrar en servicio", argumenta la Consellería de Economía.

Para corregir estas deficiencias, la Xunta propone modificar el carácter autorizativo de este registro y sustituirlo por el sistema de comunicación previa. "Todo ello con el objetivo final de facilitar la apertura de estaciones de servicio que incrementen las competencia y posibiliten la reducción de los precios de venta al público de carburantes", se recoge en el documento de consulta pública.

En la línea de mejorar la competencia, la Xunta firmó en julio un protocolo de colaboración con la CNMC, entre cuyas iniciativas figura la elaboración de una guía de buenas prácticas con el fin de concienciar a los ayuntamientos para que no incluyan restricciones en el sector de los carburantes en Galicia.

La normativa actual impide a los operadores petrolíferos incrementar el número de sus instalaciones cuando tengan una cuota de mercado superior al 30% en cada provincia gallega. El último informe del Consello Galego de Competencia (2014) era elocuente: las estaciones de Grupo Repsol tenían entonces una cuota de mercado del 44,4% en Galicia, frente al 17,9% de Cepsa, el 8,9% de Galp, el 4,4% de Shell y el 15% de independientes. En Pontevedra, por ejemplo, la cuota de Repsol (con Campsa y Petronor) era del 49,5%.