La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, abrió ayer la puerta a buscar "medidas alternativas que garanticen la sostenibilidad económica de la Autoridad Portuaria de A Coruña", que tiene una deuda de 300 millones de euros por la construcción del puerto exterior de Langosteira: 200 millones con el Estado y 100 millones con el Banco Europeo de Inversiones.

En una entrevista con el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada, Chacón cerró la puerta a emplear la fórmula valenciana, es decir la condonación de la deuda por parte del Gobierno central, pero puso encima de la mesa "articular otras medidas alternativas". Chacón y Losada acordaron "analizar si en el momento actual la enajenación de activos debe continuar siendo la garantía (del pago de la deuda) o si por el contrario resulta necesario encontrar nuevas fórmulas".

Cuando se acordó la construcción de Langosteira, durante el Gobierno de José María Aznar, se decidió que la obra, que se acerca a los mil millones de presupuesto, se financiaría con la venta de los activos que el puerto dejaría vacíos en el centro urbano, pero la crisis económica lo ha hecho imposible.

La presidenta de Puertos del Estado manifestó que la legislación estatal y europea impide la condonación del pasivo de la Autoridad Portuaria, como se hizo en Valencia, pero que es posible aplicar "medidas alternativas". El presidente del Puerto coruñés planteó en ese sentido opciones diferentes para solventar el problema, aunque ninguno de los dos organismos facilitó detalles sobre qué vías permitirían aliviar la deuda.

Esas fórmulas diferentes a la venta de los muelles deben ser autorizadas además por otros ministerios para que puedan ponerse en marcha, lo que hace prever que Puertos del Estado efectúe consultas para conocer su viabilidad.

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia elaboró en julio un informe sobre dos reglamentos aprobados por la Unión Europea en 2017 que afectan a las ayudas a los puertos. Según Comptencia, gracias a los últimos cambios legales las subvenciones pueden concederse y sin que se comunique a la Comisión Europea para recibir su visto bueno, aunque para ello deben cumplir las condiciones establecidas en el reglamento, entre las que figura que sean compatibles con el mercado interior.

Esa modificación legal abriría una puerta a conceder ayudas al Puerto, que también podría optar por la fórmula valenciana para afrontar el pago de la deuda generada por la Fórmula 1 y la Copa del América. Con ese sistema, el Puerto debería ceder los terrenos a un consorcio del que formarían parte varias instituciones a cambio de hacerse cargo de la deuda, que en este caso sí podría ser condonada o reducida por el Estado.

Los muelles pasarían así a ser propiedad del nuevo ente, que decidiría sobre su futuro, aunque la Autoridad Portuaria advirtió ayer de la voluntad de la Xunta de que la Batería y Calvo Sotelo, además del complejo La Solana, sigan siendo públicos, de acuerdo con el protocolo firmado en abril.

Chacón ayer también se comprometió a reunirse con Adif para impulsar la conexión ferroviaria a Langosteira, "procurando" además que la obra "no suponga una nueva carga financiera para la Autoridad Portuaria". El coste superaría los cien millones de euros.