Pueblos con apenas 500 habitantes cuentan cada año con miles de vehículos matriculados. Las bajas tarifas en algunos concellos atraen a los conductores de localidades limítrofes que buscan rascarse lo menos posible el bolsillo con la factura del impuesto de circulación. La tasa, que cada municipio regula aplicando un coeficiente sobre las cuotas mínimas exigidas para cada tipo de vehículo según su potencia, plazas, capacidad de carga útil y cilindrada, deja márgenes tan amplios que han dado lugar a la creación de los llamados paraísos fiscales del motor.
Entre las distintas provincias e incluso localidades de una misma comunidad, la diferencia puede ser hasta ocho veces superior. En las capitales de provincia gallegas, A Coruña presenta el impuesto de rodaje más alto, un 3% por encima de la media autonómica y hasta un 16% más que Pontevedra, la ciudad con la tarifa más baja en Galicia y que está entre las diez consideradas paraíso fiscal del automóvil en España.
Categorías
El tributo se aplica en función de cinco categorías: por debajo de los 8 caballos fiscales; entre 8 y 11,99; de 12 a 15,99; de 16 a 19,99 y por encima de 20. Esta clasificación refleja las diferencias entre los considerados paraísos fiscales del motor y otros municipios. Una brecha fiscal que provocó un éxodo masivo en los últimos años a localidades limítrofes con una carga impositiva más baja.
A modo de ejemplo, un turismo de 12 a 16 caballos fiscales paga en el municipio de Melilla 71,95 euros, en Madrid 129 y en Vitoria 162, unas tarifas que dejan una brecha fiscal en esta categoría del 125%. La diferencia es mayor en los vehículos de 8 a 12 (CV): de los 17 euros que paga un turismo matriculado en Melilla, la más barata de España, a los casi 86 en San Sebastián, cinco veces más.
A la cabeza de la tabla gallega de las capitales de provincia está A Coruña, con un 128,35 euros para un turismo de 12 a 16 caballos, seguida de Ourense (127,35), Lugo (123,72) y Pontevedra (118,50). Este impuesto, que fue creado hace ya 30 años, genera unos ingresos anuales de más de 2.000 millones de euros a los municipios.
