La normativa sobre VTC pretende pacificar la guerra taxi-VTC, pero el Ejecutivo reconoce que generará litigios. "Es evidente que habrá recursos por pare de todos [...] y todos se van a quejar", admitió ayer el responsable de Fomento, José Luis Ábalos, tras el Consejo de Ministros. Unauto, que engloba al 90% del sector VTC, criticó el cambio legal porque supone "ceder al chantaje del taxi" y multiplica "por 17" el problema al dejar en manos de las autonomías la regulación. Pese a ello, decidirá si recurre este "decreto-lío" después de estudiarlo con detalle.
El ministro alegó que la moratoria de cuatro años para trayectos urbanos con la licencia actual "adquiere naturaleza indemnizatoria" ante los recursos de quienes se sientan agraviados por necesitar a partir de 2022 otros permisos. El decreto prevé que ese período pueda llegar a seis años en algunos casos.
Las indemnizaciones, por tanto, solo se traducirán en mayor tiempo de licencia, lo que evitará abonar compensaciones que sumarían 3.500 millones de euros, según cálculos de Fomento que publica Efe.
La Xunta eludió ayer opinar sobre el nuevo marco, pero reiteró las recientes quejas de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, por la falta de contacto de Fomento para consensuarlo. "Tú invitas, yo pago", resumió Vázquez sobre los planes del Gobierno, al que acusa de endosarle la gestión del conflicto a las comunidades. Misma crítica realizo ayer el PP estatal.
Para debatir sobre el decreto, Los directores generales de transporte de las comunidades están citados el miércoles con cargos de Fomento.
Además, el Gobierno presentará en un máximo de seis meses un proyecto de ley que permitirá elevar las multas a los VTC por incumplir las nuevas normas.
