29 de septiembre de 2018
29.09.2018
Faro de Vigo
Nueva normativa para acabar con la "guerra del taxi"

Fomento cede a Xunta y concellos la opción de tumbar 276 licencias tipo Uber en 2022

Solo comunidades y municipios concederán permisos VTC para viajes urbanos -Las autorizaciones actuales serán válidas cuatro años para esos trayectos -Galicia puede regular desde hoy el servicio

29.09.2018 | 03:09
Un taxi en Vigo como parte de los servicios mínimos durante la huelga de este verano. // Marta G. Brea

A partir de octubre de 2022, las 276 licencias existentes en Galicia de las 11.199 estatales de vehículos de transporte con conductor (VTC), que ofrecen firmas como Uber o Cabify, no serán válidas para trayectos dentro de un mismo ayuntamiento, el meollo de su negocio, especialmente en las grandes urbes. La Xunta y los concellos serán las autoridades con la competencia para conceder los permisos para los viajes en ese ámbito a un sector cuya aparición ha provocado una guerra con el del taxi. Además, a partir de hoy mismo, Galicia podrá regular las condiciones de sus servicios relativas a horarios, recorridos mínimos y máximos, métodos de contratación y captación de clientes o especificaciones técnicas de los vehículos.

Estas novedades constan en el decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para intentar frenar el conflicto taxi-VTC, que hace cuatro años ya motivó una primera huelga del primero en Madrid y Barcelona. La última protesta se produjo a finales de julio y tuvo alcance estatal. Los taxistas de Vigo, por ejemplo, se unieron al paro.

Ante este choque y la insuficiencia del retoque legal de abril, el Ministerio de Fomento ha optado por ceder a comunidades y ayuntamientos la gestión de las licencias de los VTC en trayectos urbanos dentro del mismo término municipal, pero concediendo una moratoria de cuatro años a modo de indemnización para quienes cuentan en la actualidad con un permiso estatal. A partir de entonces, solo podrán realizar viajes entre municipios, pero no en el mismo concello, es decir, les servirá para llevar a un cliente de Vigo a Cangas, pero no de Coia a la Puerta del Sol de la primera.

En la actualidad, existen 11.199 licencias de VTC en el Estado y 65.539 de taxi; en Galicia son 276 y 3.620, respectivamente -concedidas por la Xunta por delegación estatal-. Los ratios son, en cada caso, de 5,9 de las primeras por cada una de las segundas; en el caso gallego se eleva a 13,1, a pesar del tope legal de 1/30.

El desfase se debe a las consecuencias de la ley Ómnibus de 2009 con que el Gobierno de Zapatero liberalizó el sector y eliminó ese máximo, impuesto de nuevo en 2015. La justicia ha dado la razón a quienes lograron en ese período un permiso VTC, a pesar de superarse el máximo legal y ha forzado a la administración a concedérselo. Por ello, a nivel estatal se prevé una oleada de 9.000 nuevos permisos, de los que 60 se sitúan en Galicia, que ya concedió 147 por obligación judicial el año pasado. Todas se ajustarán desde su entrada en vigor a la moratoria aprobada ayer con 2022 como punto y aparte, según establece decreto-ley que hoy está previsto que publique el Boletín Oficial del Estado. La norma será remitida al Congreso para su validación en un mes, por lo que podría decaer -factible por la debilidad parlamentaria del PSOE- o ser modificada.

El único cambio inmediato de esta nueva norma es el relativo al establecimiento de las condiciones de servicio del VTC, que las comunidades podrán regular desde hoy.

Hasta octubre de 2022, los 276 VTC gallegos con licencia estatal en estos momentos podrán operar sin restricciones territoriales ajustándose a las condiciones que fije la Xunta sobre horarios o formas de contratación, pero a partir de entonces solo tendrán derecho a realizar trayectos interurbanos, según el cambio del artículo 91 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El cupo para ofrecer viajes en un mismo ayuntamiento se abrirá desde cero y las licencias las concederán Xunta y concellos, que deberán ajustarse a un máximo de un autorización VTC por cada 30 taxis.

El decreto permitirá a esta clase de vehículos recoger a personas en puertos y aeropuertos de otra comunidad diferente a la suya.

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