La cifra de pisos de uso turístico no deja de crecer en Galicia. Es un negocio con una evolución constante el alza en toda España y donde la comunidad gallega no es una excepción en su comportamiento. Dieciséis meses después de que la Xunta hiciera obligatorio inscribirse en un registro oficial para ejercer esta actividad, ya son 6.500 los inmuebles dados de alta que en total ofrecen en el mercado casi 34.000 plazas. Las camas ofertadas por particulares han crecido un 12% durante los meses de julio y agosto, aprovechando el periodo de máxima actividad turística y ya equivalen al 60% de las plazas que ofrecen todos los hoteles de entre 1 y 5 estrellas que operan en la comunidad, que no llegan en su conjunto a las 57.000 camas.
Es tal el boom de este negocio que ha provocado que el Gobierno central haya iniciado negociaciones con las autonomías para intentar limitar su desarrollo, dado que está contribuyendo a incrementar de forma excesiva, sobre todo en determinadas áreas y en las grandes ciudades, los precios de los alquileres convencionales de vivienda, además de reducir sensiblemente la oferta del alojamiento tradicional por periodos largos. Entre las propuestas que están encima de la mesa figura la de facilitar a las comunidades de vecinos el veto a las viviendas orientadas en exclusiva al turismo, algo que ahora en la práctica resulta inviable ya que se necesitan acuerdos unánimes.
El alquiler de viviendas a turistas no existía como tal modalidad hasta hace unos años. La actividad se encuadraba en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero una reforma en 2013 la transfirió a las normativas propias de cada comunidad autónoma, ya que estas tienen competencias exclusivas en turismo. En el caso de Galicia, el periodo transitorio duró cuatro años, hasta que en mayo de 2017 entró en vigor el decreto que regula los pisos de uso turísticos, fijando sus características y obligaciones, entre las que figura la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), con el fin de tener controlada la actividad y combatir el intrusismo profesional.
Desde entonces se han apuntado -hasta este mes- 6.486 pisos que ofrecen un total de 33.859 plazas, de los que más de 700 afloraron los pasados meses de julio y agosto, el periodo de mayor actividad turística. En esta evolución influyen tanto la campaña de inspección y las amenazas de sanción para quienes funcionen sin estar registrados como el cambio, por parte de los propietarios, desde el alquiler tradicional al turístico dado que resulta mucho más rentable.
El dueño del inmueble cazado cometiendo una infracción se enfrenta a multas que oscilan entre los 900 y los 9.000 euros, si bien la reincidencia puede acarrear sanciones de hasta 90.000 euros.
El mayor negocio se da en la provincia de Pontevedra. Aglutina prácticamente el 50% de la actividad de Galicia debido al atractivo de las Rías Baixas. El registro de la Xunta cuenta con 3.109 pisos anotados de la provincia de Pontevedra que ofrecen al mercado 16.233 plazas, 1.500 más que antes del verano.
A la cabeza de toda Galicia en este negocio orientado a alojamiento temporal de turistas se sitúa el concello pontevedrés de Sanxenxo. No hay nadie que la haga sombra con sus 1.371 pisos y 7.074 camas.
La oferta también es amplia en A Coruña, pues tiene 2.367 viviendas inscritas con 12.641 camas. En Lugo ya es bastante menor, dado que funcionan legalmente 845 inmuebles con 3.980 plazas. Y en la provincia de Ourense la actividad es poco más que testimonial, penalizada por su falta de mar. Hay registrados 165 pisos con una oferta de un millar de plazas.
