Una semana después de que la Xunta iniciara la revisión de su mapa de zonas con riesgo de sufrir inundaciones, cuyas competencias en la materia afectan al 44% de la superficie total de la comunidad autónoma, ahora le toca el turno a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), dependiente del Gobierno central y con responsabilidad en el 56% restante del territorio. Mientras la puesta al día del documento de la Xunta apenas supuso variaciones con respecto al vigente, la de la CHMS sí introduce cambios notables, ampliando un 15% la longitud de los ríos con riesgo de desbordarse en Galicia para alcanzar un total de 470 kilómetros, 61 más que el anterior, que sumados a los 545 delimitados a su vez por el Gobierno gallego llegan a los 1.015 kilómetros en total.
Lo que hizo ayer la Confederación fue someter de consulta pública la evaluación preliminar de los cambios propuestos con respecto al primer mapa de inundaciones. La documentación podrá ser consultada durante los próximos tres meses para que particulares, asociaciones e instituciones aporten sus alegaciones.
El objetivo es, en palabras de la CHMS, "enriquecer y mejorar la información obtenida en el primer ciclo para minimizar los efectos negativos de las inundaciones sobre la población, las actividades económicas, las infraestructuras, el medio ambiente y el patrimonio cultural".
Esta confederación gestiona media Galicia -toda la provincia de Ourense, la mitad de Lugo y el tercio sur de Pontevedra-, además de las provincias de Zamora y León. En el caso del territorio gallego, en su vigente plan tenía identificados como tramos de riesgo 409 kilómetros de ríos, de los que 85 corresponden a Pontevedra y el resto, 324, a Ourense y Lugo.
Pero en la revisión propuesta la zonas potencialmente inundables aumentan hasta los 470 kilómetros, de los que 90 son tramos de ríos ubicados en la provincia de Pontevedra y 380, en las de Ourense y Lugo. Son por tanto, 61 kilómetros más que en el mapa vigente.
Este documento, tanto el elaborado por parte de la Xunta como del Gobierno central, tiene un doble objetivo, disminuir el riesgo de inundaciones y, en caso de que se produzcan, rebajar sus efectos. Para ello, el plan va acompañado de medidas para restaurar cauces y riberas, mejorar la redes de alcantarillado y desagües o restringir los usos urbanísticos en estas zonas sensibles, para lo que se deben adaptar los respectivos planeamientos municipales.
En la provincia de Pontevedra el Gobierno no propone nuevas áreas con riesgo de desbordamientos, sino que aboga por ampliar las áreas de afectación en una zona de O Rosal y del río Miño, desde el Puente Internacional hasta A Buraca, en Salvaterra.
En Lugo, lo gestores prevé incrementar en 8 el número de zonas afectadas por eventuales desbordamientos e ríos, mientras que en Ourense se plantean 19 nuevas áreas en municipios como Ribadavia, O Irixo, Ourense, A Peroxa, Os Peares, Celanova, A Bola, Baños de Molga, Lobios, Sarreaus o Vilar de Santos.
En esta ocasión, a diferencia del primer plan de gestión de riesgos, ahora se incluye como factor adicional para delimitar las áreas las consecuencias del cambio climático, si bien no ha tenido efecto alguno en el resultado final del nuevo mapa, al menos en esta versión, tal como sucedió también en la revisión del mapa competencia de la Administración autonómica.
Las modificaciones introducidas se derivan, fundamentalmente, del incremento de las lluvias, los procesos de erosión y, sobre todo, del cambio de usos del suelo, en la medida en que cuanto más abandono de tierras se produzca, más capacidad va adquiriendo el terreno, con la proliferación de vegetación, para retener el agua.
