El PP y el PSOE unieron ayer sus votos en el Parlamento para aprobar el documento que sentará las bases para reformar la política forestal de la Xunta y el servicio de extinción de incendios. Son en total 123 recomendaciones que salen de una comisión especial creada en la Cámara autonómica tras la ola de incendios del pasado mes de octubre que arrasó casi 50.000 hectáreas de monte y acabó con la vida de cuatro personas. En Marea y BNG votaron en contra y de nada valieron las llamadas del PP al consenso una vez conseguido el apoyo del PSOE y sumar entre los dos partidos casi el 75% de los escaños para sellar el primer gran pacto en política forestal en 26 años. El anterior se fraguó en 1992, cuando el Parlamento aprobó el primer Plan Forestal de Galicia, que ahora está precisamente en proceso de revisión.
El dictamen aboga por un rediseño de la política forestal para mejorar la ordenación territorial del rural, movilizar tierras baldías, ampliar la superficie agraria, garantizar la limpieza de las franjas de seguridad, aumentar la rentabilidad de la producción o limitar la explotación del eucalipto. Y también se someterá a revisión el sistema de lucha contra el fuego, para lo que se creará un grupo de expertos que antes del verano de 2019 determinarán si el actual funciona adecuadamente o se necesitan incorporar cambios para lograr una mayor eficacia.
De la defensa del documento se encargaron el diputado del PP José González y el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, que compartieron la mayoría de los argumentos. El parlamentario popular confiaba en obtener el respaldo de En Marea y BNG, pues entendía que lo sustancial de sus demandas estaban recogidas entre las propuestas. De hecho recordó que solo votaron en contra de 5 de las 107 propuestas presentadas por el PP. "Usan la ideología para no votar a favor de un dictamen que saben que recoge sus planteamientos", reprochó José González.
"Se trata de un dictamen plural, multidisciplinar y que profundiza en las causas estructurales de los incendios y que propone soluciones que van más allá de la extinción", comentó el diputado, para quien en el fondo del problema está el abandono de la actividad agraria y el minifundismo, agravado por el desconocimiento de quiénes son los propietarios de un altísimo número de fincas. "Este es el verdadero obstáculo para que muchas de las medidas implantadas funcionen adecuadamente y por eso tenemos que ser incisivos para movilizar la tierra productiva", declaró el parlamentario.
Leiceaga también intentó convencer a En Marea y BNG de la bondades de las propuestas recogidas en el dictamen. "Es una gran oportunidad para modificar de raíz una política forestal equivocada", les soltó. "Se rectifica en profundidad", añadió, además de "poner en valor" medidas del bipartito gobernado por Touriño. "Estamos poniendo deberes a la Xunta", dijo, en alusión a que las recomendaciones se tendrán que incorporar al nuevo Plan Forestal.
Pero la postura de En Marea y BNG no cambió. Entienden que no se atajan los problemas del abandono rural, la proliferación de fuegos, la reducción de la superficie agraria o el abuso de la explotación del eucalipto.
Davide Rodríguez, de EM, considera que se pierde una oportunidad de oro tras meses de trabajo en la comisión especial y que los redactores (el PP) del dictamen no fueron valientes y que su contenido no está a la altura de las necesidades del país.
Por el BNG, José Luis Rivas "Mini" censuró que el PP busque "difuminar su responsabilidad" en la ola de incendios del pasado octubre y que renuncie a dar un giro de 180 grados en su "política forestal pirómana al servicio del lobby de la industria de la madera molida". Al igual que En Marea, demandó una reforma integral del servicio de extinción para que funcione bajo un mando único y sea 100% público.
Muchas de las recomendaciones tendrán que incorporarse al Plan Forestal que está ahora en revisión tras 26 en vigor del actual, que se ha quedado desfasado.
