Los impuestos que se pagan cuando se hereda o se compra un piso se calculan en función del valor del inmueble y éste se fija según un sistema de precios que estipula la Consellería de Facenda. Las valoraciones las hacen los contribuyentes, pero la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) realiza comprobaciones para asegurarse de que la tasación ha sido la correcta y se han abonado los tributos correspondientes. En 2017 los inspectores de la Atriga realizaron más de 200.000 controles sobre bienes declarados por un importe de 6.838 millones de euros y encontraron que se habían tasado un 25 por ciento por debajo, de manera que incrementaron su valor en 1.700 millones de euros, lo que reportará más ingresos en tributos a las arcas públicas.
El problema es que el sistema que utiliza la Xunta para valorar los inmuebles está en cuestión. No solo ha provocado una avalancha de reclamaciones sino que hasta la Inspección General del Ministerio de Hacienda ha llamado la atención a la Atriga al advertirle que la inmensa mayoría de esas demandas acaban dando la razón al contribuyente. Y recientemente el Tribunal Supremo ha tumbado, en cuatro sentencias distintas, el método de cálculo para tasar bienes empleado en Castilla-La Mancha y que es el mismo que se usa en Galicia.
La controversia está en fijar la valoración mediante el uso de precios medios de mercado, que la Xunta calcula a partir de estudios de consultoras inmobiliarias. Este sistema disparó el metro cuadrado y, por lo tanto la recaudación, en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
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Las reclamaciones e incluso alguna sentencia desfavorable obligaron ya en 2015 a la Consellería de Facenda a corregir su sistema de valoración de inmuebles. Desde ese año, para los bienes de naturaleza urbana la tasación se basa en el valor medio catastral sobre el que se aplica un coeficiente. "Este sistema tiene ventajas como que aporta seguridad jurídica, al establecer un criterio de valoración objetivo, común y homogéneo en todo el territorio", defiende la Xunta.
Sin embargo, en los inmuebles rústicos se mantiene el método de precios de mercado cuestionado por el propio Ministerio de Hacienda y por el Supremo. Basándose en estudios de mercado, cada año la Consellería de Facenda publica una orden con los precios medios por zonas. Y hay una tercera vía: cuando el inmueble no entra en ninguna de las dos casuísticas anteriores la Xunta encarga un dictamen pericial.
En 2017, según los datos de Facenda, los contribuyentes y las oficinas gestoras de la Atriga valoraron 602.257 inmuebles, la mayoría por herencias (488.230). En tres de cada diez casos la Xunta no está conforme con la tasación presentada y la corrige. Donde hay más desacuerdo con las valoraciones declaradas por los ciudadanos es en el impuesto de transmisiones patrimoniales (el 44 por ciento se revisan al alza), mientras que con las herencias se eleva el valor del 29% de los inmuebles.
La Atriga no solo comprueba el valor de los inmuebles, sino también de las acciones y participaciones empresariales. En 2017 subió un 13 por ciento (más de un millón de euros) la tasación declarada en empresas, lo que también le permite recaudar más.
