En 2012 en plena crisis económica las administraciones tuvieron que meter la tijera a los gastos de su plantilla y el Gobierno incluso aprobó un Real Decreto que abrió la puerta al despido del personal laboral fijo. En Galicia la Xunta también aplicó recortes a sus empleados públicos, pero, como contrapartida, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, prometió convertir en funcionarios a 6.000 laborales, de manera que quedaban así blindados ante posibles despidos. Pero esa "funcionarización" quedó en el aire. Y ahora seis años después la Consellería de Facenda traslada a los sindicatos su compromiso de negociar las bases de ese proceso en el tercer trimestre de este año.
Es una de las pocas concesiones que ha hecho a las centrales sindicales en el marco de las negociaciones para mejorar el empleo público y desarrollar la carrera profesional. Pese a la insistencia de los sindicatos en abordar por separado estos dos temas, la Xunta vincula el sistema de ascensos de los funcionarios de carrera a la propuesta para trasladar a Galicia el acuerdo firmado en Madrid entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos el pasado mes de marzo y que fija las bases para las subidas salariales y las ofertas públicas de empleo de los próximos años.
La carrera profesional es la que suscita mayores discrepancias entre Xunta y responsables sindicales y el principal motivo es precisamente que se deja fuera al personal laboral. Este colectivo solo podrá acceder al sistema de ascensos y mejorar así sus retribuciones "si se acoge al proceso de funcionarización y lo supera".
Sin embargo, los sindicatos echaron en cara a la Xunta que no se había avanzado nada en este plan de funcionarización.
En el ultimo borrador remitido ayer por la Consellería de Facenda a los sindicatos, el departamento de Valeriano Martínez se compromete a "tratar con las partes las propuestas o bases sobre funcionarización a presentar por la administración en el último trimestre de 2018".
Desde el CSIF el secretario de Organización y Negociación Autonómica, José Sánchez Brunete, denuncia que se "coacciona" al personal laboral a convertirse en funcionario porque es la única opción que tienen para acceder a la carrera profesional. "Esto conviene a la Administración autonómica porque se ahorrarían un 7% de en las nóminas que pagan al no tener que pagar las cotizaciones sociales por desempleo", señala. Los funcionarios no pueden ser despedidos, salvo por falta muy grave, pero el personal laboral sí, y por eso estos últimos deben cotizar a la Seguridad Social para estar cubiertos en caso de que terminen en el paro.
La otra concesión de la Xunta a los sindicatos es que se abre la puerta a que los empleados públicos vuelvan a cobrar el cien por cien de su salario cuando estén de baja antes de enero de 2019. En un principio prometían utilizar la ley de acompañamiento de los Presupuestos del próximo año para reformar la Lei de Emprego Público y suprimir así la penalización económica que se aplica ahora en los procesos de incapacidad temporal. Esto implicaría que hasta 2019 no entraría en vigor.
Los sindicatos recriminaron a la Xunta que espere a enero cuando el Gobierno ya paga el cien por cien de su suelo durante las bajas de sus empleados públicos. ' promete llevar la reforma legal al Parlamento en el último trimestre de este año, sin vincularla a los Presupuestos de 2019, de manera que la supresión de las penalizaciones de las bajas podría entrar en vigor tan pronto sea aprobada en la Cámara gallega.
Desde Comisiones Obreras reclaman también a la Xunta que se estudie una fórmula para que los empleados públicos gallegos recuperen su poder adquisitivo. También piden que se reduzca la jornada laboral a las 35 horas semanales, como habilita el acuerdo estatal.
