La reclamación de los fondos del IVA del año pasado retenidos por el Gobierno central constituyen ya un conflicto político de magnitud. Además de Galicia, reclaman una solución para no perder ese dinero otras seis comunidades, divididas en gobiernos socialistas y populares. El PSOE preside Asturias, Aragón y Extremadura mientras el PP dirige Castilla y León, La Rioja y Murcia. La retención supone alrededor de 2.500 millones de euros que corresponden a las comunidades. En el caso gallego se trata de 198.

El conflicto se originó el año pasado con la reforma del IVA del Gobierno de Mariano Rajoy, que estableció que las grandes empresas pagasen casi en tiempo real el tributo, aplazando el día de abono del 20 al 30 de cada mes. Eso provocó que la recaudación de diciembre de 2017 llegase a las arcas de Hacienda en enero, lo que supone un nuevo año fiscal. A partir de 2020, el problema quedará solucionado, según el Ejecutivo.

A la hora de liquidar impuestos -el Gobierno adelanta una estimación y luego echa cuentas-, las comunidades fueron informadas de que cobrarían 11 meses y no 12 el año próximo.

El Ministerio de Hacienda no aclara si el año que viene devolverá ese mes retenido y culpa al anterior Ejecutivo, al tiempo que esgrime que el reparto de fondos crece un 4% de media -en Galicia sube un 2,4%-.

Galicia levantó el hacha de guerra y el asunto centrará la entrevista de hoy entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra María Jesús Montero, hasta junio consejera del ramo en Andalucía.. Y no está sola en sus quejas -también comparte frente con Asturias, Castilla y León y Aragón para pedir una financiación autonómica que prime el envejecimiento y la dispersión-. El martes pidió recibir el IVA retenido Asturias -75 millones-, demanda que comparten La Rioja, Castilla y León y Murcia, afectadas en 20, 142 y 72 millones, respectivamente.

También exigen el IVA completo Extremadura y Aragón, aunque con un tono más moderado y culpando del conflicto al anterior Gobierno del PP. "Esperamos que el ministerio sea sensible y aborde una forma de compensar la caída de la recaudación", explican fuentes de la Junta extremeña. Aragón también ve "necesario solucionar" el problema. En ambos casos los fondos retenidos por Hacienda suponen 60 millones.

Por su parte, Cantabria y Comunidad Valenciana se mantienen a la expectativa, sin aclarar si reclamarán una solución que el ministerio se comprometió a abordar, según explican fuentes de ambos gobiernos. Desde Madrid tampoco revelan su posición acerca de este conflicto, mientras que otras autonomías consultadas no han respondido a este diario.

La cuestión fue abordada también ayer por el PSdeG. El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, reconoció el derecho de las comunidades a "reclamar lo que quieran", pero atribuyó el conflicto a Hacienda y afeó a la Xunta no haber protestado cuando se detectó el problema con el PP en Moncloa. "Yo no le niego a nadie el derecho a reclamar el IVA; lo único que digo es que la culpa es del PP", dijo.

Postura similar mostró el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien denunció la "complicidad" de Feijóo con la reforma de Cristóbal Montoro, anterior ministro de Hacienda. "Nadie le está quitando nada de lo que le corresponde a las cuentas gallegas", añadió.