Las cuentas municipales han mostrado en los últimos ejercicios un saneamiento general de sus balances. El año previo a las elecciones locales de mayo de 2019 incluso comenzó con apenas cinco concellos con la exigencia de datos sobre los recortes a aplicar para no incurrir en desfases o pagar tarde sus facturas por parte de la Consellería de Facenda, en calidad de tutor delegado del Gobierno central, pero esa situación ha variado durante el segundo trimestre de este ejercicio. Un total de 102 consistorios han recibido una petición por parte de la Xunta para que les detalle sus planes de recortes para cuadrar sus cuentas, pagar a tiempo a sus proveedores, revertir su tesorería negativa y cerrar el grifo de los créditos. Supone un regreso a magnitudes de hace dos años.
El Ministerio de Hacienda es el competente para imponer castigos a las administraciones que se saltan los corsés contables, pero la Xunta actúa de delegada para vigilar a las entidades locales en virtud de la Constitución y el Estatuto. El marco de control del gasto cambió sustancialmente en 2012, cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, norma que impuso el control del déficit público y el pago de la deuda como prioridades -esto último incluso se plasmó en la Constitución mediante una reforma exprés pactada por PP y PSOE- y la asunción de la regla de gasto: no aumentar el gasto público por encima de la previsión de crecimiento económico.
A ese contexto se une desde el pasado mes de abril un recorte del plazo máximo legal en que las administraciones deben abonar sus facturas. Hasta entonces, la cifra era de treinta días, pero en la práctica alcanzaba los dos meses, pues la cuenta atrás no se iniciaba hasta 30 días después de que el proveedor presentase su albarán. Ahora los poderes públicos carecen de ese mes de gracia y deben pagar en treinta días reales.
La información de la Consellería de Facenda sobre su labor de tutela financiera de las entidades locales correspondiente al segundo trimestre del año supone un cambio respecto al primer período del año. Entonces, solo cinco concellos estaban bajo la lupa de San Caetano para aplicar ajustes económicos, cifra que ahora es de 102, 20 de los cuales aparecen en varios apartados, si bien la documentación no concreta la magnitud del desajuste que provoca que ejerza su labor de tutela.
Pontevedra
La dirección xeral de Política Financiera reclamó datos sobre los planes económico-financieros, que son ajustes para alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos, a 49 municipios, de los que 12 corresponden a la provincia de Pontevedra, 13 a la de A Coruña, 12 a la de Lugo y 12 a la de Ourense. En el caso pontevedrés se trata de Bueu, Campo Lameiro, A Cañiza, Covelo, Fornelos de Montes, Moraña, Oia, Pazos de Borbén, O Porriño, O Rosal, Silleda y Tui, además de las entidades menores de Pazos de Reis y Camposancos.
También reclama los acuerdos de no disponibilidad de créditos, es decir, de que no se endeudarán más o no podrán acceder a préstamos ya presupuestados, a 30, seis de A Coruña, seis de Lugo, nueve de Ourense y otros nueve de Pontevedra (Agolada, Bueu, Cangas, Covelo, Oia, Poio, Pontereas, O Rosal y Salvaterra de Miño).
Santiago y Ourense
Además, 37 concellos deben explicar cómo ajustarse al plazo legal máximo para pagar a sus proveedores. Se trata de siete municipios pontevedreses (Cambados, Catoira, Mos, Pazos de Borbén, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño y Vilanova de Arousa), quince de Ourense, nueve de Lugo y seis de A Coruña. Entre ellos se encuentran las ciudades de Ourense y Santiago.
Además, Facenda revela que recibió datos sobre las medidas sobre esta cuestión d otros siete concellos, entre ellos también Lugo, y la Diputación de A Coruña.
Por último, la exigencia de información se refiere también a las "medidas a adoptar para el saneamiento del remanente de tesorería negativo", que afecta a la ciudad de Lugo, al concello de Mos y la Mancomunidade de Concellos do Morrazo, y los ayuntamientos ourensanos de A Bola, Manzaneda, Piñor y Rairiz de Veiga, además de a las mancomunidades de la comarca de Ourense y de O Carballiño.
